La Agencia Tributaria ha cerrado recientemente al menos tres inspecciones fiscales dirigidas contra profesionales liberales y despachos de abogados que denunciaban haber sido objeto de presuntas «inspecciones políticas». Según ha desvelado The Objectve, dos de los afectados mantienen o han mantenido litigios abiertos con el Ejecutivo o con altos cargos del mismo.
Estas inspecciones, iniciadas de oficio y sin denuncia previa, se centraban en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En concreto, 2020 es el último año que puede ser revisado sin que haya prescrito la posibilidad de imponer sanciones económicas, ya que el plazo legal es de cuatro años. Los delitos fiscales, por su parte, prescriben a los cinco años, o a los diez si son agravados.
Uno de los expedientes archivados afecta a un despacho de abogados relacionado con procedimientos judiciales que implican a personas cercanas al Gobierno. Su directora presentó en mayo una querella, alegando que la inspección tenía motivaciones políticas, ya que se inició después de que dos causas en las que trabajaba empezaran a tener impacto mediático. La querella pide investigar a dos funcionarios de Hacienda por prevaricación y reclama medidas cautelares para proteger la independencia judicial.
Sin embargo, no todos los casos han sido cerrados. Al menos dos expedientes siguen activos. Se trata de familiares de un abogado que advirtió a distintas instituciones sobre la supuesta existencia de cuentas en el extranjero vinculadas a miembros del Gobierno. Un experto en Derecho Tributario ha señalado que este tipo de inspecciones se han utilizado históricamente como método de presión política.
