Iberdrola ya asume que tendrá que despedirse de los 550 megavatios que le corresponden de la central nuclear de Almaraz. Así lo ha dejado reflejado en su nuevo plan estratégico, que fija el horizonte hasta 2028 y contempla el apagón definitivo de los dos reactores de la planta extremeña.

La hoja de ruta marcada por la eléctrica llega en un momento clave: en apenas unas semanas, las compañías propietarias deberán entregar al Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud formal de clausura. El calendario viene impuesto por el protocolo firmado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas, aunque todavía no existe consenso pleno dentro del sector sobre si es conveniente o no prolongar la vida útil de las centrales.

La falta de unanimidad es el gran obstáculo. Endesa e Iberdrola han puesto sobre la mesa una propuesta de prórroga limitada, pero Naturgy y EDP no se han sumado al acuerdo, lo que ha paralizado las conversaciones con el Ejecutivo. Moncloa exige que cualquier modificación cumpla tres condiciones: plena seguridad para los ciudadanos, viabilidad económica para las empresas y garantía de suministro eléctrico.

El debate fiscal se ha convertido en el epicentro del choque. Las compañías reclaman rebajar la pesada carga impositiva que soportan las nucleares y han sugerido utilizar parte del sobrecoste del déficit de tarifa para financiar ese alivio. El Gobierno, sin embargo, rechaza esta vía y mantiene firme la negativa a modificar el esquema actual.

A la incertidumbre política y empresarial se suma la ausencia de dos documentos considerados esenciales: el informe del Instituto de Transición Justa sobre el impacto socioeconómico del cierre y el análisis técnico de Red Eléctrica acerca de la seguridad de suministro. Ninguno de los dos ha visto la luz, lo que dificulta aún más tomar una decisión de calado antes de que expire el plazo para registrar la petición oficial de cierre.

En este contexto, Almaraz se encamina hacia su desconexión entre 2027 y 2028, siguiendo al pie de la letra el calendario pactado hace seis años. Mientras tanto, las grandes eléctricas continúan divididas sobre si el apagón nuclear debería acelerarse, aplazarse o replantearse con una reforma fiscal que de momento no cuenta con el visto bueno del Ejecutivo.