El nuevo gobierno de Salvador Illa ha decidido mantener operativa la oficina creada durante el mandato de Pere Aragonés (ERC) para asistir a los condenados por el 1-O en la solicitud de la Ley de Amnistía. Esta oficina, que depende de la Consejería de Interior dirigida por Núria Parlón, ha gestionado y facilitado la tramitación de amnistías para personas implicadas en delitos como desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones.
Illa ha optado por continuar con las funciones de esta oficina. La Generalidad habilitó una página web para que cualquier persona investigada o condenada por el proceso separatista pudiera solicitar que la administración autonómica gestionara su amnistía y la devolución de las sanciones impuestas.
Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía el 10 de junio, al menos 102 personas han sido beneficiadas. Entre las personas más destacadas que han recibido la amnistía se encuentran Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, el escolta Lluís Escolà, el ex consejero de Interior Miquel Buch, así como varios ex concejales del PSC y la ex alcaldesa de Figueras, Marta Felip, de Junts.
Todas estas amnistías han sido acordadas por tribunales y juzgados ubicados en Cataluña, beneficiando a personas acusadas de delitos como malversación, prevaricación, desobediencia, pertenencia a grupo criminal, tenencia de explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, entre otros
