La pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas.
La juez María Núñez Bolaños ha imputado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas -de prejubilaciones- de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
La magistrada atiende de este modo a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e incluye como investigados en esta pieza tanto al exconsejero como al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.
Recuerda que el Ministerio Público alude a la existencia de indicios de la participación de ambos «en el pago con fondos del programa 31L de sobrecomisiones a las empresas» del dueño de Uniter, José González Mata, «para la creación y mantenimiento de oficinas de atención para colectivos de trabajadores de empresas en crisis». Y todo ello, a juicio de la Fiscalía, «sin sujeción a procedimiento alguno ni determinación o justificación de su coste para la Junta de Andalucía» lo que «permitió, de forma indiciaria, un enriquecimiento indebido» del dueño de Uniter.
Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Archivo por prescripción
La juez de los ERE archivó hace 10 días las actuaciones penales por la ayuda de 90.151 euros concedida en 2003 a la empresa gaditana Electrificaciones Roma S.L., y lo hizo porque han pasado más de 10 años desde que se otorgó, periodo que supone la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación.
Explicó en un auto que la ayuda es de una cuantía inferior a los 450.000 euros y, por tanto, se considera que no resulta aplicable el subtipo agravado de los citados delitos, como determinó la Fiscalía Anticorrupción.
Además, la instructora añadió que, en relación con el delito de malversación de caudales públicos, no existe prueba de que la subvención otorgada a esta empresa en crisis haya tenido un destino ajeno a la función pública.
También afirmó que este convenio es uno más de los investigados en la pieza del denominado procedimiento específico o pieza política de los ERE, que será enjuiciada a partir del próximo 13 de diciembre con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La juez, que en abril de 2016 acordó el archivo de otras trece piezas de los ERE por prescripción, recordó que en 2011 se acordó investigar todas las ayudas sociolaborales o directas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, algunas de ellas aún pendientes del resultado de las indagaciones.
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