El presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, denunció este sábado el “abandono institucional” que, según afirmó, padecen las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace tres meses, en el que fallecieron 46 personas. Coincidiendo con el aniversario del siniestro, Samper subrayó la “indignación creciente” del colectivo ante la ausencia de avances significativos en la investigación y en la depuración de responsabilidades.
En declaraciones a la Agencia EFE, el representante de la asociación calificó de “insuficiente” el respaldo proporcionado hasta la fecha por las distintas administraciones públicas. Asimismo, dirigió críticas hacia Adif y el Ministerio de Transportes, a los que acusó de “ningunear sistemáticamente” a las víctimas y de obstaculizar el desarrollo del proceso investigador mediante una actitud que, a su juicio, dificulta la transparencia.
Samper también denunció la presunta “manipulación de documentación relevante” y la retirada de material de la vía que estaría siendo objeto de análisis pericial. Estas actuaciones, según indicó, podrían comprometer la integridad de las pruebas necesarias para esclarecer las causas del accidente. En este contexto, cuestionó igualmente la actuación de la Junta de Andalucía, señalando que la administración autonómica se habría negado a facilitar información a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia, teniendo que ser un órgano judicial el que requiriera dichos datos. Este hecho fue calificado por el dirigente como “incomprensible en un Estado de derecho”.
En relación con la respuesta política, Samper criticó al ministro de Transportes, Óscar Puente, por mostrar su disposición a reunirse con las víctimas coincidiendo con una manifestación convocada ante el Congreso, mientras que, según indicó, no ha cumplido con su compromiso de desplazarse a Huelva, provincia de residencia de 26 de los fallecidos. El presidente de la asociación afirmó que llevan tres meses esperando dicha visita, prometida hace más de un mes, sin que hasta la fecha se haya materializado ni se hayan atendido los requerimientos planteados.
Asimismo, denunció el funcionamiento de las oficinas de atención a víctimas habilitadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Finalmente, el presidente de la asociación reiteró la exigencia de que se asuman responsabilidades de manera inmediata: «Esperamos que se asuman responsabilidades de inmediato y que el juicio no se demore años, hay 46 personas bajo tierra y los responsables actúan como si nada hubiera pasado«, aseguró.
