
Indignación entre las víctimas del terrorismo por la decisión adoptada por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que ha concedido de nuevo la semilibertad a la ex jefa de ETA, la sanguinaria asesina Soledad Iparraguirre, alias Anboto, que se encuentra en la prisión de Martutene (Guipúzcoa).
A esta peligrosa terrorista ya le había autorizado este mismo año este régimen el Ejecutivo nacionalista de Vascongadas, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional, recuerda este jueves Libertad Digital.
La Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de la banda terrorista y la Justicia del Gobierno Vasco ha firmado esa concesión del artículo 100.2.
La concesión de ese artículo está condicionada a un plan de ejecución para realizar actividades laborales o de voluntariado. En el caso de Anboto es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas. Implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana.
Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que la etarra podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.
En abril de este mismo año, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Audiencia Nacional, el juez José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de Anboto, que había autorizado el Gobierno Vasco.
El diputado de VOX, Francisco José Alcaraz, que es también víctima del terrorismo, ha asegurado en declaraciones a La Gaceta que «sin duda alguna, éste es el mejor Gobierno que podían tener los asesinos de la banda terrorista ETA«.
El diputado por Jaén ha añadido que «está culminando el proceso de negociación que comenzó Zapatero y que incluía la libertad de todos sus asesinos, no cumpliendo íntegramente las penas y acudiendo a subterfugios legales como las concesiones a Vascongadas en materia penitenciaria para derivar la responsabilidad».
Para Alcaraz, se trata sin duda de «una traición a los vivos y a los muertos«.