
España afronta un grave déficit de seguridad hidráulica. A punto de cumplirse un año de la riada que golpeó Valencia, ingenieros y expertos han lanzado una seria advertencia: el estado de las presas españolas es preocupante y exige medidas inmediatas. Así lo constataron en la jornada Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable, organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos), integrada en el Instituto de la Ingeniería de España.
Durante el encuentro, que reunió a los principales especialistas del país, los ingenieros coincidieron en que España ha pasado de ser un modelo en seguridad hidráulica a un ejemplo de abandono institucional. Según los datos presentados, una de cada tres presas necesita refuerzos estructurales urgentes para evitar roturas o desbordamientos.
El deterioro del parque hidráulico nacional se agrava con el paso de los años y la falta de inversión. De las 375 presas de titularidad estatal gestionadas por las confederaciones hidrográficas, 112 presentan deficiencias graves, el 75% requiere estudios complementarios de seguridad y el 65% necesita renovar los sistemas de auscultación y vigilancia. En la mitad de ellas es imprescindible rehabilitar los desagües de fondo. Pero lo más alarmante: tres cuartas partes carecen de plan de emergencia. No hay sirenas, señalización de evacuación ni protocolos activos ante un riesgo de colapso.
La situación es especialmente sensible porque el 40% de las presas están clasificadas como de Categoría A, es decir, su ruptura podría causar daños graves a la población.
Uno de los ejemplos más preocupantes es el de la presa de Forata, en Valencia, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Durante la riada de octubre de 2024, la infraestructura estuvo a punto de ceder, lo que habría liberado una riada de hasta 20.000 metros cúbicos por segundo, afectando a más de 110.000 vecinos de Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí. Un año después, Forata sigue sin plan de emergencia operativo.
Durante décadas, España fue referencia mundial en gestión hidráulica. Pero los ingenieros reconocen que ese prestigio se ha perdido. Las presas envejecen, no se construyen nuevas y la edad media ronda ya los 50 años. Más de 600 superan esa cifra y un centenar tiene más de un siglo.
El problema no es sólo técnico, sino presupuestario, detalla Vozpópuli. La inversión pública en seguridad hidráulica ha caído un 57%, y la ejecución de los proyectos previstos en los Planes Hidrológicos y de Gestión del Riesgo de Inundaciones se ha reducido un 29%. “Sin dinero, no hay seguridad”, advirtieron los ingenieros.
A todo ello se suma una normativa ambigua y carente de fuerza legal. La actual regulación actúa como un simple marco orientativo que “no aplica al 95% de las presas” y omite factores determinantes como el impacto del cambio climático.
Para revertir esta situación, la Asociación Caminos plantea la creación de un Consejo de Seguridad de Presas independiente y con capacidad sancionadora, así como la recuperación del antiguo Servicio de Vigilancia de Presas, dotado de técnicos propios y financiación estable.