La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número dos de Ibiza ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido en Sant Antoni acusado de agredir brutalmente a su expareja. El arrestado pasó este martes a disposición judicial tras permanecer casi dos días bajo custodia policial, y el magistrado acordó su traslado inmediato a la cárcel.

La víctima, una mujer española de 31 años, continúa hospitalizada en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado. Presenta un grave traumatismo craneoencefálico y otras lesiones severas, de las que se recupera bajo vigilancia médica.

El ataque tuvo lugar el pasado domingo por la mañana en una vivienda situada en la zona de Can Tomàs. Durante el suceso también resultaron heridas la madre y la hermana de la víctima, que intentaron intervenir para frenar la agresión.

A las puertas de los juzgados, los familiares denunciaron públicamente que el sistema de protección no funcionó correctamente. Según relataron, la mujer llevaba una pulsera telemática por una orden de alejamiento que impedía al agresor acercarse a menos de 100 metros, pero el dispositivo, aseguraron, no emitió ningún aviso.

La hermana de la víctima explicó que fue ella quien alertó a la Guardia Civil tras percatarse de lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con su testimonio, cuando llegaron a la casa comenzaron a escuchar fuertes golpes, ya que el agresor «arremetía contra cualquiera que se le interpusiera». También sostuvo que el hombre logró acceder al domicilio sin que se activara la alerta preventiva.

El padre describió la actitud del detenido como fría y violenta, señalando que incluso se detuvo durante la agresión para fumar un cigarrillo antes de continuar. Los progenitores manifestaron sentirse profundamente afectados, aunque subrayaron que lo prioritario en estos momentos es la recuperación de su hija.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad, citadas por la cadena autonómica IB3, sostienen que el dispositivo sí detectó el incumplimiento de la orden de alejamiento y que los operadores activaron a las fuerzas de seguridad. Desde el departamento también se indicó que el pasado 8 de enero se había recomendado ampliar la distancia de protección hasta los 350 metros, una medida que aún no había sido resuelta.

El caso ha vuelto a reabrir el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección para víctimas de violencia de género y la rapidez de las medidas judiciales destinadas a prevenir nuevas agresiones.