
La crisis migratoria de Ceuta continúa extendiendo sus consecuencias sobre los servicios públicos de la ciudad. La sección sindical de Sanidad ha denunciado que varios trabajadores del servicio de ambulancias han resultado lesionados en agresiones atribuidas a inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma.
El sindicato asegura que la situación «ha cruzado todas las líneas rojas» y sostiene que los profesionales están siendo atacados durante sus intervenciones en la vía pública. Según el sindicato, se han producido «agresiones físicas graves» que han provocado lesiones directas y bajas laborales entre los trabajadores del servicio de emergencias.
La organización sindical exige ahora a Ingesa y a la Delegación del Gobierno una intervención inmediata para proteger a unas dotaciones que, denuncia, trabajan en una situación de creciente inseguridad.
El sindicato de Sanidad describe una situación de «violencia física extrema» y advierte de que los trabajadores de las ambulancias se encuentran desprotegidos cuando acuden a determinados puntos de Ceuta.
«Quienes operan en estos vehículos prestan un servicio esencial de asistencia en primera línea y se encuentran en un estado de desprotección absoluto ante emboscadas y agresiones en entornos no controlados», denuncia el sindicato.
La organización añade que «no es admisible que atender una emergencia sanitaria en Ceuta suponga terminar en el hospital o de baja médica». Los trabajadores reclaman que la Administración actúe antes de que se produzcan episodios todavía más graves.
Ante el deterioro de la seguridad, Sanidad ha solicitado escoltas policiales obligatorias y sistemáticas para todas las ambulancias que tengan que intervenir en zonas consideradas de alta conflictividad.
También reclama protocolos inmediatos de acompañamiento policial, además de protección jurídica y psicológica para los trabajadores que actualmente permanecen de baja como consecuencia de las agresiones.
«La salud y la vida de los trabajadores no se negocia», ha advertido el sindicato, que exige a las administraciones el «blindaje» inmediato de la seguridad de estos profesionales.
La denuncia se produce en pleno deterioro de la situación social y sanitaria de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes, que ha obligado a reforzar dispositivos policiales, sanitarios y asistenciales en distintos puntos de la ciudad.