Preocupación en las filas de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el sistema informático en el que se almacenan sus escuchas telefónicas en plena investigación por presunta corrupción en el Parlamento Europeo. Según avanza The Objective, la inquietud gira en torno al sistema Sitel, empleado por las fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para interceptar comunicaciones con autorización judicial. La alarma se ha disparado por el uso de servidores fabricados por Huawei, el gigante tecnológico chino que ha sido vinculado en múltiples ocasiones al espionaje auspiciado por Pekín, según servicios de inteligencia occidentales.
La infraestructura técnica utilizada para custodiar estas grabaciones incluye dispositivos de almacenamiento de última generación capaces de mover grandes volúmenes de datos cifrados entre centros ubicados a cientos de kilómetros en apenas segundos. Específicamente, se trata del modelo OceanStor 6800 V5, un sistema desarrollado por Huawei que ha sido instalado en los Centros de Proceso de Datos (CPD) del Ministerio del Interior, donde se conservan las interceptaciones realizadas por las unidades de investigación de la Policía Nacional. Las ubicaciones clave de estos servidores son El Escorial, la sede de Canillas y dependencias del propio ministerio.
Este sistema se encuentra en el centro de un acuerdo de más de 173 millones de euros adjudicado sin publicidad mediante procedimiento negociado. El contrato, repartido entre varias empresas tecnológicas, fue liderado por Telefónica (134,5 millones de euros), seguida por Capgemini España (12,4 millones) y una unión temporal de empresas conformada por TSOL y TRC (26,3 millones), responsable de reforzar la ciberseguridad y el mantenimiento del entorno digital policial.
El sistema Sitel permite no sólo interceptar llamadas y mensajes, sino también identificar en tiempo real a los participantes en una conversación y conocer la ubicación de los terminales. Se trata de una herramienta fundamental en investigaciones sobre crimen organizado, terrorismo o tramas de corrupción política como la conocida operación Koldo. A pesar de ello, las grabaciones deben pasar por un riguroso proceso judicial. Si no se admiten como prueba, la ley obliga a su eliminación inmediata; si sí se aceptan, pasan a formar parte del expediente judicial y se conservan durante un periodo de entre cinco y diez años, dependiendo de la gravedad del delito.
Las fuentes policiales subrayan que el uso de tecnología suministrada por Huawei se remonta a los años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se firmaron los primeros acuerdos con Huawei Symantec Technologies Co. Ltd., una empresa conjunta en la que Huawei poseía la mayoría del capital. En 2012, Huawei compró el 49% restante a Symantec y asumió el control total. A partir de entonces, el Ejecutivo del Partido Popular optó por proveedores alternativos, pero con el regreso del PSOE al poder en 2018, la multinacional china volvió a estar presente en el ecosistema de Sitel.
