El Palacio y la Fuente de Cibeles (Madrid, PP) se iluminaron con los colores arcoiris. El Parlamento de Andalucía (mayoría absoluta del PP) colocó la bandera del lobby y el Ayuntamiento de Barcelona (PSC) la desplegó de forma conjunta con la Generalidad (ERC). Vitoria, las Juntas de Vizcaya, etc.
También en las Cortes de Castilla-La Mancha. «Vamos a volver a colgar esta bandera en señal de reconocimiento, de afecto, de consideración y de reivindicación de la causa LGTBI», afirmó el presidente de la institución, Pablo Bellido.
En Asturias, la Presidencia se iluminó con los colores de la bandera LGTBI. «Frente a la intolerancia y los intolerantes, ¡libertad!», señaló el presidente socialista Adrián Barbón. En Galicia, el Gobierno con mayoría absoluta del PP lanzó una declaración institucional en la que prometió «más recursos»: «La Xunta de Galicia es consciente de la necesidad de seguir trabajando hasta que el conjunto de la sociedad reconozca y respete de manera rotunda la diversidad (…). Galicia es y seguirá siendo una comunidad abierta y acogedora. Una comunidad que abraza la diversidad y que está comprometida para seguir trabajando con un sólo objetivo: vivir en igualdad. Lo haremos con más recursos y más acciones de visibilización, concienciación y sensibilización».
Únicamente VOX ha pedido que se respete la neutralidad de las instituciones. En las Cortes Valencianas, por ejemplo, el grupo parlamentario de VOX solicitó al juzgado medidas cautelarísimas tras no aceptar la Mesa un escrito en el que se solicitaba la retirada de la bandera porque incumple el artículo 4 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que en edificios públicos sólo pueden ondear las banderas oficiales.
En Baleares, el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, y su partido (VOX) también han presentado un recurso en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Palma para instar a la retirada urgente de la bandera LGTBI colocada la Cámara.
El recurso de VOX recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre «la preponderancia del principio de neutralidad de todos los poderes públicos en aras a garantizar la igualdad y preservar la objetividad».
