Los informes del Ministerio del Interior sobre inmigración ilegal dejan fuera a los extranjeros que han llegado a España a través de la frontera con Francia con la intención de acogerse a la regularización masiva impulsada por el Gobierno. La Policía Nacional ha detectado distintos flujos organizados por las mafias, que captaron a inmigrantes bajo la falsa promesa de que podrían obtener sus papeles gracias al procedimiento abierto en enero.
Estas entradas no figuran en los balances quincenales publicados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La estadística oficial sólo recoge las llegadas ilegales por vía marítima y las entradas terrestres registradas en Ceuta y Melilla, por lo que excluye a quienes accedieron al territorio nacional desde otros países europeos.
La omisión impide conocer la dimensión real del efecto llamada provocado por la regularización. Las nuevas rutas detectadas por la Policía atraviesan la frontera francesa, una vía que queda fuera de los documentos utilizados por Interior para ofrecer una imagen general de la evolución de la inmigración ilegal.
El último balance oficial cifra en 14.479 los inmigrantes llegados de forma ilegal a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. El dato supone un descenso del 24,7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 19.222 entradas. Sin embargo, la comparación no incluye a los extranjeros que llegaron por Francia para intentar aprovechar el proceso masivo de regularización.
Según Interior, 11.488 inmigrantes alcanzaron España por vía marítima durante ese periodo, un 36,1% menos que los 17.976 del año anterior. Lo hicieron a bordo de 448 embarcaciones, 157 menos que en 2025.
A estas cifras se suman las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla. Un total de 2.991 personas accedieron por ambas ciudades autónomas desde enero, un 140% más que durante el mismo periodo del año anterior. En Ceuta, el incremento alcanzó el 149%.
Estos datos son los utilizados por el Gobierno para defender el descenso de las llegadas. No obstante, la metodología deja fuera precisamente las rutas que, según las fuentes policiales, comenzaron a utilizarse para eludir los controles establecidos por la regularización.
Las mafias aprovecharon el anuncio del Gobierno
La Policía Nacional ha constatado que organizaciones dedicadas al tráfico de personas difundieron entre extranjeros que se encontraban fuera de España la posibilidad de obtener una autorización de residencia. Las mafias les hicieron creer que bastaba con llegar al país para beneficiarse del procedimiento, pese a que la norma exigía acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026.
El proceso estaba dirigido a extranjeros que ya vivieran en territorio nacional antes de esa fecha, acreditaran un periodo mínimo de permanencia continuada, carecieran de antecedentes penales y cumplieran alguno de los supuestos previstos en el real decreto.
La autorización concedida permite residir y trabajar durante un año y acceder después a los mecanismos ordinarios de renovación. Quienes llegaron después de la fecha límite no podían acogerse al procedimiento, aunque las redes criminales los trasladaron con la expectativa de que conseguirían regularizar su situación.
El Gobierno ha negado que la medida provocara un efecto llamada y sostiene que estaba destinada sólo a extranjeros que ya residían en España. Esa versión contrasta con los flujos detectados por la Policía y con la actuación de las mafias para captar personas fuera del país.
La regularización desbordó las previsiones del Ejecutivo
El proceso masivo cerró con cerca de 1,17 millones de expedientes registrados, una cifra que multiplicó las previsiones iniciales del Ejecutivo. Durante la preparación del procedimiento, el Gobierno estimó que podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas.
El volumen final convirtió la iniciativa en la mayor regularización realizada en España desde 2005 y obligó a reforzar la capacidad de tramitación de las oficinas de Extranjería y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más de la mitad de los expedientes fueron admitidos a trámite durante las primeras semanas. Esa admisión otorgó a los solicitantes una autorización provisional para residir y trabajar mientras se resolvía su petición definitiva. Las primeras resoluciones favorables comenzaron a notificarse antes incluso de que concluyera el plazo.
La mayoría de los solicitantes tiene menos de 45 años y procede de Iberoamérica, con Colombia como principal nacionalidad entre los expedientes registrados. Cataluña concentró el mayor volumen de solicitudes, seguida por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
El Ejecutivo justificó la regularización como un instrumento para aflorar empleo, combatir la economía sumergida y proporcionar seguridad jurídica a extranjeros que ya residían en España. Varias comunidades autónomas y partidos recurrieron, sin embargo, el real decreto ante el Tribunal Supremo por sus posibles incompatibilidades con el Derecho de la Unión Europea.
Aunque el alto tribunal rechazó en un primer momento suspender la medida de forma cautelar, posteriormente abrió la puerta a estudiar con mayor profundidad su encaje en la legislación comunitaria sin detener el proceso administrativo.
Tras el cierre del plazo, el Gobierno afronta ahora el reto de resolver más de un millón de expedientes en los tres meses previstos por la normativa. Mientras tanto, los balances de Interior continúan ofreciendo un recuento incompleto: contabilizan las llegadas por mar y las entradas terrestres en Ceuta y Melilla, pero omiten a los inmigrantes que cruzaron la frontera francesa atraídos por la regularización masiva.
