Los agentes de la Policía Nacional enviados a Ceuta para reforzar el dispositivo extraordinario desplegado por la crisis migratoria denuncian unas condiciones de alojamiento y manutención que califican de indignas.

Según la Confederación Española de Policía (CEP), alrededor de 70 funcionarios destinados temporalmente en la ciudad autónoma tienen que compartir un único inodoro en una de las plantas de las dependencias militares habilitadas para alojarlos.

Los policías han sido instalados en espacios pertenecientes al Regimiento Mixto de Artillería nº30 que se encontraban previamente sin utilizar y que fueron acondicionados de forma apresurada ante la necesidad de recibir refuerzos.

El resultado, según denuncia el sindicato, son habitaciones pequeñas con siete u ocho agentes, literas, taquillas insuficientes, maletas y material acumulado, además de funcionarios que han tenido que descansar prácticamente en el suelo.

70 policías haciendo cola para utilizar un retrete

La CEP considera que las condiciones demuestran una grave falta de planificación por parte del Ministerio del Interior.

«Setenta agentes haciendo cola para poder utilizar un retrete después de haber sido enviados por el Estado a sostener un dispositivo policial extraordinario», denuncia la organización. El sindicato atribuye la situación a la «imprevisión» del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Las deficiencias no terminan en los baños.

Según los agentes, las duchas presentan problemas de funcionamiento y suministro intermitente de agua caliente, mientras las instalaciones carecen de una climatización adecuada. También denuncian ventilación insuficiente y ventanas deterioradas o directamente rotas.

Calor, humedad y hacinamiento antes de volver al servicio

Las condiciones resultan especialmente difíciles durante agosto. Ceuta soporta en estas fechas altas temperaturas y humedad, a las que se suma la concentración de decenas de policías en espacios reducidos.

La CEP advierte de que este ambiente dificulta seriamente el descanso de unos agentes que pocas horas después tienen que volver a prestar un servicio policial de máxima exigencia.

Los funcionarios desplazados forman parte del refuerzo ordenado por el Estado para hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria que ha sometido a una fuerte presión tanto a las fuerzas de seguridad como a otros servicios públicos de la ciudad autónoma.

Colchones viejos, deteriorados y con manchas

Uno de los aspectos que más indignación ha generado entre los policías es el estado de los lugares habilitados para dormir. La CEP asegura que los agentes han tenido que utilizar colchones antiguos, deteriorados y con manchas.

«No hablamos de hoteles, lujos ni privilegios. Hablamos de que un funcionario pueda regresar de un servicio extraordinario y acostarse sobre un colchón limpio», denuncia el sindicato.

La organización policial considera que las imágenes de las instalaciones muestran mejor que cualquier explicación «la consideración que parece merecer para Interior el descanso de sus policías». Y añade: «El listón no puede estar más bajo y, aun así, Interior ha conseguido pasar por debajo».

Una pequeña botella de agua, pan, una lata y mortadela

La alimentación facilitada durante los primeros días del despliegue también ha provocado fuertes críticas. Según la CEP, una de las raciones entregadas a los policías estaba compuesta por una pequeña botella de agua, pan, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio.

El sindicato cuestiona que esa comida sea suficiente para funcionarios sometidos a largas jornadas y condiciones de gran exigencia. «Cuesta asociar semejante ración con la logística de un Ministerio que sabe cuántos agentes desplaza, dónde los desplaza y durante cuánto tiempo pretende mantenerlos operativos», denuncia.

La CEP acusa a Interior de «desprecio» hacia los agentes

La organización policial considera que las condiciones del operativo reflejan un problema más amplio en el trato que reciben Policía Nacional y Guardia Civil cuando son movilizados. La CEP acusa al Ministerio de haber mostrado un nivel de «ofensa y desprecio hacia los policías» difícilmente justificable en un despliegue que podía ser planificado con antelación.

También vuelve a criticar las dietas que perciben los agentes cuando tienen que abandonar su destino habitual para participar en operaciones extraordinarias.