Más de seis semanas después de la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio, los policías desplegados en la ciudad denuncian que siguen trabajando sin unas directrices claras que determinen cómo actuar ante los asentamientos, los continuos incidentes y las distintas situaciones derivadas de la presencia de miles de inmigrantes.
Agentes de la Policía Nacional destinados sobre el terreno aseguran que «no hay directrices» y describen una dinámica basada en desplazarse de un punto a otro de Ceuta en función de los problemas que van surgiendo, sin una hoja de ruta estructurada que permita afrontar la situación de manera estable. “La sensación es la de estar apagando fuegos”, explican fuentes policiales citadas este lunes por El Español.
El escenario que describen dista de la normalización que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido durante las últimas semanas. Los agentes intervienen en reyertas, controlan los repartos de comida, vigilan asentamientos y son desplazados continuamente de unas zonas a otras en función de las necesidades. Algunos están realizando jornadas que alcanzan las 15 horas, con descansos mínimos y una carga de trabajo que consideran “inabarcable”.
“Quieren reventarnos a todos, que nos dejen trabajar”, denuncia uno de los policías. Las fuentes consultadas insisten en que uno de sus principales problemas es precisamente que “no haya órdenes” claras para intervenir. Una situación similar se reproduce, según la información publicada, en unidades de la Policía Local, cuyos miembros también hablan de turnos de 14 o 15 horas y de ausencia de “unas directrices estructuradas”.
La denuncia no es nueva. El sindicato JUPOL ya reclamó a principios de septiembre que las unidades desplegadas pudieran trabajar con “órdenes claras” y efectivos suficientes. La organización sostenía entonces que, con esas instrucciones y los medios adecuados, las unidades especializadas en orden público podrían controlar buena parte de la situación en un plazo de “24 o 48 horas”.
La falta de una hoja de ruta clara se hace especialmente visible en los asentamientos. Los policías explican que contemplan cómo se levantan campamentos en distintas partes de Ceuta y cómo se producen infracciones ante las que, según denuncian, su capacidad de actuación está limitada. Su función queda en muchos casos reducida a contener la situación, vigilar los puntos conflictivos e intervenir cuando estallan peleas o incidentes.
Los propios agentes aseguran disponer de material suficiente para intervenir, pero afirman sentirse “atados de pies y manos”. Según trasladan, el problema no sería únicamente el número de policías, sino las instrucciones que reciben sobre qué pueden hacer en cada escenario.
Todo ello sucede pese al importante dispositivo anunciado por Interior. Marlaska aseguró el pasado 8 de septiembre que el Gobierno había incorporado más de 550 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desde el comienzo de la crisis. Interior también ha desplazado 78 policías especializados principalmente en Extranjería y once funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio para acelerar la identificación y tramitación de las personas que continúan en la ciudad.
El departamento ha ampliado además las líneas de trabajo destinadas al triaje, identificación y reseña de los inmigrantes. El procedimiento incluye reconocimientos sanitarios, identificación biométrica, comprobación de situaciones de vulnerabilidad y, cuando procede, la apertura de expedientes de protección internacional, devolución o expulsión.
Pero el refuerzo administrativo no ha evitado el desgaste de las plantillas. La Unión Federal de Policía (UFP) denunció este fin de semana una situación “límite” y alertó de que los agentes destinados en las oficinas de Asilo están soportando jornadas extenuantes. La organización sindical mantiene que la capacidad policial está desbordada por el volumen de trabajo generado después de la entrada masiva.
También JUPOL ha denunciado problemas relacionados con la prevención de riesgos laborales, alojamientos deficientes, falta de baños adecuados y jornadas excesivas. El sindicato ha llegado a promover un conflicto colectivo contra la Dirección General de la Policía por presuntas vulneraciones relacionadas con las condiciones en las que trabajan los agentes.
Interior ha intentado compensar esta presión con una gratificación extraordinaria. Desde el 31 de julio y, inicialmente, hasta el próximo 31 de octubre, los policías destinados en Ceuta o enviados como refuerzo percibirán 100 euros adicionales por cada jornada efectiva de servicio relacionada con el dispositivo. La propia Dirección General de la Policía reconoce en el documento que regula el incentivo que los servicios se desarrollan en circunstancias “cada vez más complejas y exigentes”.
Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. JUPOL ha alertado de peleas, armas blancas, asentamientos que vuelven a levantarse después de ser desalojados y una creciente sensación de impunidad entre parte de los inmigrantes. El sindicato considera que Ceuta se ha convertido en una “olla a presión” después de más de un mes de crisis.
Marlaska, sin embargo, habló durante su última visita de la necesidad de revertir una “sensación subjetiva de inseguridad ciudadana” y aseguró que devolver la normalidad a Ceuta era una prioridad para Interior. También anunció la construcción de un CATE permanente con capacidad para responder a futuras crisis fronterizas.
Seis semanas después del 30-J, la paradoja es que el Gobierno ha aumentado efectivos, multiplicado los recursos destinados a identificación y asilo y creado incluso incentivos extraordinarios para los policías, pero los propios agentes que trabajan diariamente en las calles continúan denunciando que les falta lo más básico para afrontar la crisis: unas órdenes claras sobre cómo actuar.