El Ministerio del Interior no habilitó ningún canal interno específico para atender a la inspectora de la Policía Nacional que denunció una presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO), según publica The Objective. La ausencia de actuación habría supuesto el incumplimiento del protocolo interno previsto para situaciones de especial vulnerabilidad, que exige una intervención en el «mínimo tiempo imprescindible», un plazo operativo que no supera las cinco semanas desde la notificación de la baja médica.

La funcionaria inició una baja laboral el 28 de julio de 2025. Conforme a la normativa interna, el servicio sociosanitario debía haber activado un procedimiento de seguimiento que incluyera entrevistas con un equipo especializado de psicólogos, evaluación clínica y, en su caso, traslado de los indicios a las unidades competentes o a la autoridad judicial. Sin embargo, este seguimiento no se produjo. Sin embargo, el expediente quedó sin tramitación efectiva y no se registraron actuaciones posteriores en los sistemas oficiales.

El servicio sociosanitario, encargado del control del absentismo y de la valoración de contingencias médicas dentro de la Policía Nacional, no citó a la inspectora ni emitió informes vinculantes. Esta omisión habría impedido la remisión del expediente a Servicios Sanitarios Centrales, al Tribunal Médico, al Régimen Disciplinario o a Asuntos Internos. Según The Objective, «se evitó deliberadamente que el caso siguiese su curso natural y se activasen los mecanismos que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias o penales».

Durante los seis meses transcurridos entre la baja y la presentación de la querella judicial, el 9 de enero, la agente no recibió seguimiento médico ni psicológico por parte de los servicios internos, de acuerdo con lo manifestado por su abogado, Jorge Piedrafita. En la querella constan informes médicos externos y documentación clínica aportada por la denunciante, pero no existen registros internos que acrediten la activación del protocolo institucional.

Las fuentes señalan al jefe de Servicios Sanitarios, el inspector C. G., como responsable del área que debía haber impulsado el procedimiento. Atribuyen a este mando un control directo sobre los expedientes de bajas médicas y psicológicas y sostienen que mantendría una relación profesional estrecha con el ex DAO. Según esta versión, se habría solicitado la paralización del expediente para evitar su tramitación ordinaria dentro del Cuerpo, dado que la causa de la baja estaba vinculada al estado de vulnerabilidad psicológica alegado por la denunciante tras la presunta agresión.

Otra de las irregularidades apuntadas es la ausencia de registro formal de informes clínicos en el sistema interno. Habitualmente, las valoraciones médicas y psicológicas se incorporan y se trasladan, según proceda, al jefe superior territorial y a los servicios centrales. En este caso, no consta anotación alguna.

La denunciante optó por acudir directamente al juzgado, lo que impidió la activación inicial del protocolo policial de violencia de género. Posteriormente solicitó que las pruebas aportadas —grabaciones, registros de llamadas y mensajes— fueran verificadas por la Guardia Civil. Dos días después de trascender el caso, la nueva DAO en funciones, Gema Barroso, contactó con la inspectora para ofrecerle protección policial, que fue aceptada.