La permanencia de miles de inmigrantes ilegales en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio ha propiciado la aparición de «pisos patera» en los que se cobra hasta 50 euros por persona y noche. Habitaciones compartidas, cuartillos, garajes y zonas comunes de urbanizaciones se utilizan como alojamientos clandestinos, según denuncian vecinos y organizaciones sociales.
El Gobierno cifra en unas 80.000 las personas que accedieron a territorio español a nado tras bordear desde Marruecos el espigón de El Tarajal. Aunque muchas regresaron al comprobar la situación en la ciudad autónoma, entre 8.000 y 11.000 permanecen todavía en Ceuta, de acuerdo con la estimación de su presidente, Juan Jesús Vivas.
La presencia de estos inmigrantes ha disparado la presión sobre una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. Miles de personas buscan comida, refugio y cualquier espacio donde pasar la noche. Es en torno a esa necesidad donde ha surgido un negocio ilegal de alojamientos precarios.
La ONG Luna Blanca de Ceuta asegura que particulares están cobrando por dormir en espacios sin condiciones adecuadas. «Hay quien está haciendo su agosto a costa de cobrar ilegalmente estos alquileres», denuncia la organización, que tiene conocimiento de habitaciones abarrotadas, cuartillos y garajes convertidos en alojamientos.
Uno de los casos atendidos por la asociación corresponde a una familia formada por un matrimonio y dos hijos, uno de ellos con autismo. Los cuatro compartían una única habitación con otras seis o siete personas y pagaban 50 euros por persona y noche.
La organización también ha detectado cuartillos y garajes ofrecidos por unos 30 euros la noche. Sin embargo, desconoce las direcciones exactas de estos inmuebles. «Si no, estarían denunciados», explica su portavoz, que acusa a los responsables de «especular con la miseria ajena».
Los propios ceutíes corroboran estas prácticas. Un vecino del barrio de Loma Colmenar asegura que algunos residentes utilizan incluso espacios comunes de las urbanizaciones para alojar a inmigrantes.
«Hay vecinos que los meten en los garajes, en las zonas comunes, y les están cobrando, porque saben que vienen con dinero y buscan dónde dormir», relata. Según su testimonio, quienes pagan por estos refugios intentan evitar a la Policía para no ser identificados y devueltos a su país. Otros dos vecinos han confirmado la existencia de estos alojamientos, aunque han rechazado ofrecer públicamente su testimonio.
Entretanto, los campamentos improvisados se multiplican por distintos puntos de Ceuta. Algunos inmigrantes acceden a azoteas o tratan de entrar en edificios para encontrar refugio, mientras los vecinos denuncian robos e intentos de acceso a viviendas.
Las organizaciones sociales atienden los casos más urgentes, pero advierten de que sus recursos son insuficientes. La continuidad de miles de inmigrantes ilegales en una ciudad con una población similar a la cifra de quienes atravesaron la frontera ha abierto así un nuevo foco de inseguridad, insalubridad y explotación mientras el Gobierno sigue sin resolver su retorno a Marruecos.
