El Ministerio del Interior trabaja en una reforma del Reglamento de Armas con un objetivo claro: limitar el acceso legal a machetes y armas tácticas tras recibir informes de inteligencia que alertan de su uso creciente por parte de bandas organizadas, entre ellas las denominadas bandas latinas.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoce en el borrador del real decreto —actualmente en fase de consulta pública— que el endurecimiento del acceso a armas de fuego ha provocado un desplazamiento hacia otras herramientas de alta capacidad lesiva. Según la Dirección General de la Guardia Civil, los informes constatan que determinados grupos han recurrido a testaferros para adquirir armas legales y, paralelamente, han incrementado el uso de armas blancas «de efectos devastadores en la integridad física».
El foco se sitúa especialmente en los machetes y armas de apariencia militar o policial, conocidas popularmente como armas tácticas. El texto plantea restringir el acceso legal o incrementar los controles sobre su comercialización y uso para prevenir acciones delictivas.
Interior admite que la presión normativa sobre pistolas y rifles no ha eliminado la violencia asociada a la delincuencia organizada, sino que ha transformado el fenómeno. Las bandas habrían aprovechado lagunas legales para desviar armas adquiridas legalmente mediante denuncias falsas de robo o pérdida, y han optado por armas blancas fácilmente disponibles en el mercado.
Aunque el borrador no detalla aún qué límites concretos se impondrán —si requisitos adicionales, restricciones por tipología o controles más estrictos en la identificación de compradores—, sí deja claro que el Gobierno busca «evitar o minimizar» el desvío hacia el mercado ilícito.
El proyecto forma parte de un paquete más amplio que incluye ajustes técnicos, adaptación a normativa europea y modificaciones en licencias de caza y tiro deportivo. Sin embargo, el capítulo más sensible es el relativo a la seguridad ciudadana, en un contexto de creciente preocupación por episodios violentos protagonizados por grupos juveniles organizados en distintos entornos urbanos.
Fuentes jurídicas de Vozpópuli recuerdan que cualquier restricción deberá respetar el marco constitucional de libertad de empresa y comercio, lo que obligará a justificar la proporcionalidad de la medida. El propio texto insiste en que no debe «perturbar gravemente» el comercio lícito.
Con esta iniciativa, el Gobierno intenta adelantarse a una tendencia detectada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: cuando se bloquea una vía de acceso, el mercado ilegal busca alternativas. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el paso a esas nuevas grietas antes de que el uso de machetes se consolide como herramienta habitual en enfrentamientos violentos vinculados a bandas.
