El empresario condecorado en 2022 con la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo blanco por sus «tributos a España» y su colaboración desinteresada con la Guardia Civil, Víctor de Aldama, ha visto cómo la institución ha iniciado un procedimiento para prohibirle el uso de esta distinción. La decisión, basada en un dossier de prensa sobre sus procedimientos judiciales, busca responder a la «alarma social» generada por su situación legal, especialmente tras ser vinculado a los casos Koldo e Hidrocarburos.
La Dirección General de la Guardia Civil, mediante una orden emitida el pasado 26 de diciembre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió abrir un expediente administrativo contra Aldama. El documento adelantado por El Mundo subraya que, aunque no se prejuzgan las causas judiciales abiertas contra el empresario, su conducta atenta contra el «prestigio del Cuerpo».
El origen del caso se remonta a la condecoración que recibió Aldama en septiembre de 2022. En un acto solemne, el coronel Francisco Javier Vázquez destacó que la medalla no era solo un premio, sino un «reconocimiento de mayor calado» por su apoyo a la Unidad Central Especial 2 (UCE-2), dedicada a la lucha contra el terrorismo internacional. «Eres una persona con profundos valores y tributos a nuestra nación», le dijo el coronel durante la ceremonia.
Sin embargo, en los últimos meses, la Unidad Central Operativa (UCO) ha señalado a Aldama como el «nexo corruptor» de una trama que involucra a altos cargos gubernamentales. Ante la Audiencia Nacional, Aldama ha confesado haber realizado pagos a figuras clave, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El expediente administrativo se fundamenta en un resumen de prensa que incluye recortes de diversos medios sobre su detención en el caso Hidrocarburos. Estas noticias destacan su implicación en un supuesto fraude fiscal relacionado con la venta de combustibles. Según el informe, Aldama habría sido arrestado por desviar fondos en operaciones ilegales, lo que amplía la magnitud de las acusaciones en su contra.
Aldama dispone ahora de diez días para presentar alegaciones y documentación que respalden su posición. Durante este periodo, un coronel designado como instructor y un capitán como secretario analizarán el caso, con un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución definitiva.
El proceso también ha sacado a la luz declaraciones del coronel Vázquez, quien durante la entrega de la medalla había señalado que Aldama aportaba «pequeñas cosas» de manera altruista y que la Guardia Civil dependía de colaboraciones externas para llevar a cabo su labor. Sin embargo, las investigaciones actuales han puesto en entredicho estas contribuciones, asociándolas a un trasfondo de corrupción y tráfico de influencias.