Durante la etapa en la que Irene Montero ejercía como ministra de Igualdad en funciones, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el contrato millonario del servicio integral de las pulseras antimaltrato a la Unión Temporal de Empresas de Vodafone y Securitas Direct, pese a haber calificado de «deficiente» y «poco preciso» el plan de transición presentado por la adjudicataria.

Un alto cargo del organismo otorgó al «Plan de transición de salida del servicio» una nota de 3,6 sobre 10, dejando en evidencia la fragilidad del proceso. De esas disfunciones derivó, meses después, la imposibilidad de recuperar información previa al 20 de marzo de 2024, fecha en la que se completó el traspaso de datos. Así lo denunció la Fiscalía dirigida por el encausado Álvaro García Ortiz en su Memoria Anual.

El documento publicado en la Plataforma de Contratación Pública señalaba que el plan «presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente». No obstante, el contrato —valorado en más de 41 millones de euros— exigía que la transición garantizara la calidad del servicio y la conservación del historial de información.

La subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, Macarena Gamir Linares, firmó la valoración que suspendía a la UTE en la fase de transición, aunque posteriormente se le otorgaron 23,9 puntos sobre 30 en la oferta técnica, sumando un total de 27,5 sobre 40. Telefónica, que había gestionado el sistema desde 2009, no se presentó a la licitación, quedando Vodafone y Securitas como únicas concurrentes.

El socio de Gobierno, Sumar, utilizó estos fallos para registrar en el Congreso una pregunta escrita en diciembre de 2024, tras detectarse disfunciones en la geolocalización. La respuesta del Ejecutivo fue clara: los pliegos técnicos y administrativos se elaboraron durante 2023, bajo la etapa de Montero.

El precedente de la ley del «solo sí es sí» y ahora el fiasco de las pulseras golpean de lleno la imagen del Gobierno en su nicho electoral más sensible: las mujeres. Un terreno históricamente dominado por el PSOE que ahora se resiente ante los errores de Igualdad, como ya ocurrió con los audios de José Luis Ábalos y Koldo García repartiéndose prostitutas.

A pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, que en enero de 2024 alertó de que los dispositivos de Vodafone «no estaban listos» y que la tecnología no era solvente, el contrato entró en vigor el 8 de febrero de 2024. Según fuentes consultadas por El Mundo, Telefónica llegó a facilitar una guía de migración y asistió al ministerio incluso después del traspaso, al comprobar que Vodafone no lograba poner en marcha el sistema.

La Fiscalía ha documentado «incidencias reiteradas». La ministra Ana Redondo reconoció que alrededor del 1% de los dispositivos se vieron afectados, lo que supone unos 47 casos entre junio y diciembre de 2024.