El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al considerar que existen «indicios serios y fundados» de su participación en una presunta trama que incluye delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según el juez Ismael Moreno, quien instruye el conocido como caso Koldo, Ábalos habría jugado un «papel principal» en las actividades ilícitas investigadas, entre ellas, beneficios económicos presuntamente destinados a una de sus parejas, Jéssica Rodríguez.
Uno de los puntos clave señalados por el Supremo está relacionado con los pagos efectuados para cubrir el alquiler de un apartamento en la Torre de Madrid, utilizado por Rodríguez, quien, además, trabajaba en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos. Estas empresas, como Tragsatec, dependían de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En varios viajes oficiales, Jéssica Rodríguez habría acompañado al entonces ministro.
Documentos oficiales revelan que Rodríguez fue contratada en marzo de 2021 por Tragsatec, tras superar un proceso de selección al que se presentaron 929 candidatos. En ese proceso, quedó posicionada como la segunda mejor candidata, con una puntuación total de 52 puntos sobre 100, obteniendo 7 de 10 en la valoración técnica y competencial. Esta contratación se realizó bajo un «contrato por circunstancias de la producción», un modelo que, según fuentes de la empresa, permite realizar selecciones de personal de forma más «rápida y sencilla».
El puesto que consiguió Rodríguez formaba parte de un proyecto encargado por otra empresa pública vinculada al Ministerio, Adif Alta Velocidad. El objetivo del encargo era cubrir tareas específicas del «Servicio de Asistencia para la Gestión Presupuestaria y el soporte técnico en ADIF» durante el periodo 2019-2021. La oferta de empleo, publicada en la web de Tragsa el 22 de diciembre de 2020, tuvo que ser renovada en tres ocasiones debido a la falta de candidatos adecuados para cubrir los diez puestos de trabajo administrativos disponibles.
Sin embargo, la rápida ascensión de Rodríguez y su proximidad a Ábalos han levantado sospechas, ya que ambos mantenían una relación sentimental mientras ella accedía a puestos dependientes del Ministerio. Según la directora del Gabinete de Presidencia de Tragsa, Patricia Tresgallo Fernández, el contrato firmado por Rodríguez tenía una duración inicial de seis meses, aunque con posibilidad de extensión o continuidad.
En su declaración ante el Supremo el pasado jueves, Ábalos negó cualquier implicación en las irregularidades que se le atribuyen. No obstante, la Sala Segunda del Supremo menciona en su escrito que Rodríguez «formó parte del círculo cercano del exministro, tanto en el ámbito profesional como personal«, y que esto podría haber facilitado su acceso al puesto en Tragsatec.
La investigación, enmarcada en el caso Koldo, examina además otras supuestas irregularidades vinculadas al entorno de Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. Según el juez Ismael Moreno, estos hechos podrían constituir delitos graves que comprometen la integridad de las instituciones públicas.
La contratación de Rodríguez, aunque aparentemente realizada conforme a las normas internas de selección, ha levantado críticas debido a las circunstancias que rodean el caso. Documentos internos detallan que, aunque el proceso técnico fue exhaustivo, solo siete candidatos de los 929 presentados lograron superar todas las fases de evaluación. Este hecho, junto con la relación personal de Rodríguez con Ábalos, ha alimentado las sospechas sobre posibles favores políticos y tráfico de influencias.
El caso sigue en desarrollo, y el Tribunal Supremo será el encargado de determinar si existen responsabilidades penales en la actuación del exministro y su círculo cercano. La investigación se perfila como una de las más importantes vinculadas a la gestión pública reciente en España.
