El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación en el municipio mallorquín de Llucmajor, en el marco de la precampaña electoral del 29 de noviembre, donde ha denunciado la corrupción socialista, el despilfarro del dinero público y las consecuencias de la inmigración ilegal en Baleares.

Buxadé ha advertido de que «ninguna de las víctimas de Adamuz y Urda se da por pagada con la dimisión de Puente y el cese del presidente de ADIF». En este sentido, ha recordado que la UCO ha entrado en la sede de ADIF para investigar contratos y ha exigido que continúen todos los procedimientos judiciales. Considera que los socialistas «han robado a manos llenas a los españoles, y la responsabilidad política y penal no termina con una dimisión«.

El eurodiputado también ha denunciado que, mientras Hacienda cobra hoy a cientos de miles de españoles el segundo plazo del IRPF, el Gobierno sigue destinando millones de euros a Marruecos y a terceros países. Asegura que «los españoles llevan ocho años soportando mordidas, adjudicaciones ilegales y una mafia socialista convertida en una gran agencia de colocación».

En clave balear, Buxadé ha defendido la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales, así como una reducción de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y el impulso de la construcción de vivienda asequible. Además, ha denunciado que los autónomos y comerciantes locales «llevan décadas trabajando y cotizando mientras ven cómo sus impuestos no les garantizan un futuro».

Por último, ha señalado la inmigración ilegal masiva como uno de los principales problemas de Baleares y ha defendido la expulsión de los inmigrantes ilegales que cometan delitos. Los que trabajan, cotizan y contribuyen deben poder seguir aquí. Pero considera que «los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a quienes sostienen nuestro Estado social».