El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una reorganización de las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Cataluña que la asociación profesional Jucil, que representa a unos 15.000 agentes, califica de «desmantelamiento» de la especialidad en la comunidad.
Según publica El Confidencial, la organización denuncia que el proceso se produce en un momento especialmente sensible por la situación de los incendios forestales. Según sus datos, Cataluña acumula más de 4.500 hectáreas afectadas por el fuego, en un contexto que considera crítico para la protección del medio ambiente y la vigilancia del territorio.
Jucil sostiene que cuatro patrullas rurales del Seprona podrían dejar de prestar servicio en los municipios de Puigcerdà, Ponts y La Pobla de Segur, en Lérida, y Falset, en Tarragona. La asociación asegura que la reducción de efectivos se ha producido progresivamente y que la falta de convocatorias de vacantes impide cubrir los puestos que quedan libres.
La asociación señala que desde la cúpula de la Guardia Civil se presenta el proceso como una «reestructuración a nivel nacional» y sostiene que se plantea reforzar otras unidades cuando se produzcan cierres. Sin embargo, afirma que, al no publicarse vacantes, los puestos no pueden ser cubiertos y la capacidad operativa termina reduciéndose.
La polémica se enmarca en el proceso de transferencia de determinadas competencias medioambientales a los Mossos d’Esquadra. Jucil considera que la reducción de efectivos de la Guardia Civil supone una pérdida de presencia y capacidad de actuación en el territorio.
La lucha contra los incendios preocupa especialmente a la asociación, que sostiene que ninguna zona puede quedar sin vigilancia ante los fuegos y los delitos medioambientales. Según Jucil, incluso representantes municipales del ámbito independentista en la comarca de la Cerdanya han reclamado mantener la cobertura del Seprona.
La reorganización también afecta, según la asociación, a otras especialidades de la Guardia Civil. Entre ellas figura el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Estartit, cuya continuidad está cuestionada.
