La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha exigido este jueves la dimisión «inmediata e irrevocable» de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la imputación judicial de la responsable del Instituto Armado y del director adjunto operativo (DAO) ha situado a la institución en una situación «insostenible».

En un comunicado, la organización sostiene que la permanencia de ambos en sus cargos «compromete gravemente el prestigio y la neutralidad» de la Guardia Civil y asegura que la investigación judicial abierta contra la cúpula del cuerpo supone «la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos y casos bajo sospecha».

JUCIL afirma que Mercedes González «no puede mantenerse ni un minuto más» al frente de una institución cuya principal seña de identidad es «la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley». En este sentido, recuerda el lema histórico del Instituto Armado, «el honor es mi divisa», y sostiene que la directora general debería abandonar el cargo «por dignidad institucional».

La asociación marca además distancias entre la actuación de la cúpula investigada y el trabajo diario de los agentes. Destaca el «impecable y riguroso» trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), al considerar que representa «la verdadera esencia de la institución», basada en la independencia, la búsqueda de la verdad y la persecución del delito «caiga quien caiga». También reivindica la labor de los miles de guardias civiles que desempeñan su servicio sobre el terreno y lamenta que su imagen quede «empañada» por el descrédito que, a su juicio, generan sus máximos responsables.

La organización dirige igualmente sus críticas contra el ministro del Interior. Considera «inadmisibles y contradictorias» las explicaciones ofrecidas por Grande-Marlaska en las últimas semanas y censura que haya reiterado su «plena confianza» en Mercedes González pese a la situación judicial que afecta a la dirección del cuerpo.

JUCIL recuerda además que el propio ministro manifestó en el Congreso de los Diputados que el nombramiento de Mercedes González fue una decisión exclusivamente suya y que asumía la responsabilidad política derivada de esa elección. Por ello, insta a Grande-Marlaska a traducir esas palabras «en hechos» mediante su renuncia.

La asociación concluye reclamando una «limpieza institucional» como única vía para recuperar la confianza en la Guardia Civil y devolver la estabilidad al cuerpo. «La Guardia Civil y sus agentes no pueden seguir siendo rehenes de la erosión política y judicial de sus máximos responsables», sostiene JUCIL, que cuenta con más de 15.000 afiliados y es una de las principales asociaciones profesionales del Instituto Armado.