Las asociaciones judiciales llevan meses advirtiendo de un escenario de colapso generalizado en los tribunales si el Gobierno mantiene el calendario de entrada en vigor de la tercera y última fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ley Bolaños. Pese a las reiteradas peticiones de aplazamiento, el Ministerio de Justicia sigue adelante con una reforma que los togados consideran mal planificada, sin medios suficientes y ajena a la realidad de los juzgados.

Esta fase final, prevista para el próximo 1 de enero, culmina la implantación de los tribunales de instancia, una transformación estructural que afecta de lleno a la organización judicial. Jueces de toda España han reclamado formalmente al Ministerio que retrase su puesta en marcha, al advertir de que el sistema ya arrastra un atasco histórico que se verá agravado sin un refuerzo previo de personal y recursos.

El Ministerio de Justicia, sin embargo, mantiene su hoja de ruta. Así lo ratificó tras la Conferencia Sectorial celebrada el pasado lunes, en la que el equipo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron por unanimidad mantener la entrada en vigor de esta fase el 31 de enero. Ese calendario implica la activación de cerca de 100 tribunales de instancia en grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valladolid o Zaragoza.

Ante la presión de las asociaciones judiciales, el Ministerio se mostró dispuesto a conceder una prórroga puntual en Oviedo y Gijón hasta el 15 de febrero, con el argumento de permitir ajustes técnicos de última hora. También abrió la puerta a aplicar cierta flexibilidad en otros partidos judiciales, con una implantación progresiva en los equipos que lo requieran. Una concesión mínima que no ha calmado a los jueces, que insisten en que el problema no es técnico, sino estructural.

Las asociaciones alertan de que la reforma no resolverá el colapso crónico de la Justicia y que incluso lo agravará si no se crea, de forma inmediata, un mayor número de plazas judiciales. La falta de jueces y magistrados sigue siendo, subrayan, el principal cuello de botella del sistema.

Desde la mayoría de asociaciones judiciales se ha denunciado públicamente el ninguneo a los operadores jurídicos y la ausencia de una evaluación seria de las fases ya implantadas. En su último congreso, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) reclamó analizar las disfunciones detectadas en las dos primeras fases antes de culminar la reforma, así como garantizar la suficiencia de medios materiales y personales y adaptar los reglamentos de gobierno de los tribunales.

La APM también puso el foco en los complementos retributivos previstos para las nuevas presidencias de los tribunales de instancia y de sección, que considera claramente insuficientes ante el aumento de funciones y responsabilidades que impone la ley. En materia de sustituciones, la asociación defiende la supresión progresiva de jueces sustitutos y magistrados suplentes, en favor de una planta judicial profesional acorde al volumen real de asuntos.

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Su portavoz, la magistrada Marien Ortega, ha reprochado al Ministerio de Justicia su discurso triunfalista y la falta de atención a las advertencias del sector, recoge La Razón. Para la AJFV, el descenso en el número de demandas que esgrime el departamento de Bolaños no justifica presentar la reforma como un éxito, cuando persiste una escandalosa falta de jueces y magistrados.

“Transmitir que más de 300 tribunales de instancia han funcionado sin incidencias relevantes simplifica una problemática creciente y oculta los datos reales”, advirtió Ortega, que alertó de que sin planificación ni recursos la nueva oficina judicial puede desembocar en un colapso aún mayor.

Las críticas no proceden sólo de las asociaciones judiciales. Un total de 55 decanos, junto a la Audiencia Nacional, trasladaron formalmente al Ministerio su petición de aplazar la última fase de la reforma. También Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció que, un año después de la entrada en vigor de la ley, no se ha modificado ni un solo reglamento del Consejo General del Poder Judicial imprescindible para adaptar los juzgados al nuevo modelo.

Esta asociación subrayó la falta de adaptación en cuestiones especialmente sensibles para los derechos fundamentales, como el régimen de guardias, la atención a personas detenidas, la distribución del trabajo por unidades judiciales o la coordinación entre judicatura y oficina judicial. Tampoco se ha reformado el Reglamento de la Carrera Judicial para regular la designación de las nuevas presidencias, una laguna que JJpD considera peligrosa.

Los sindicatos también han levantado la voz. CSIF denunció esta semana que la implantación de la nueva oficina judicial se está realizando de forma atropellada y advirtió de que esa precipitación la acabarán pagando los ciudadanos.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley de Eficiencia afecta a los juzgados de violencia sobre la mujer. Más de un centenar de jueces especializados alertaron en marzo de que la asunción de todos los delitos sexuales provocará un colapso total en órganos ya sobrecargados, con un incremento de la carga de trabajo de al menos el 20%.

A unas condiciones precarias, marcadas por la falta de medios técnicos y de equipos de valoración forense, se suma ahora el desbordamiento funcional, al asumir competencias propias de juzgados ordinarios. Los jueces advirtieron de que se trata de una reforma a coste cero que implicará retrasos en la instrucción de procedimientos especialmente sensibles, en los que la rapidez resulta clave para proteger a las víctimas.

El problema se agrava si se tiene en cuenta que sólo 30 de los 88 tribunales exclusivos de violencia de género cuentan con servicio de guardia, lo que retrasará aún más la respuesta judicial ante la avalancha de nuevas denuncias.

Pese a todas estas advertencias, el Ministerio de Justicia insiste en que la reforma modernizará una planta judicial diseñada hace dos siglos, al sustituir cerca de 4.000 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia con secciones especializadas y una única oficina judicial. Una transformación que, según el Gobierno, mejorará la eficiencia gracias a una inversión de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Para jueces, decanos y sindicatos, la realidad es otra: una reforma impuesta sin consenso real, sin recursos suficientes y con el riesgo cierto de llevar a la Justicia española a un nuevo colapso.