La resolución adoptada por la magistrada se puede recurrir, lo que suspendería el ingreso efectivo en prisión del hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol hasta la firmeza de la decisión.
Una juez de la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del exdiputado de CiU Oriol Pujol para cumplir la pena de dos años y medio que le fue impuesta por el caso de las ITV, si bien esta resolución se puede recurrir, lo que dejaría en suspenso su entrada en la cárcel hasta que fuese firme.
En un auto, la magistrada de la sección 20 de la Audiencia, encargada de resolver la ejecución de condena a Oriol Pujol, ha desestimado su petición de conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad la pena de cárcel a la que fue sentenciado por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV.
En el auto, la juez da diez días al hijo menor del expresidente Jordi Pujol para que ingrese voluntariamente en prisión, si bien la resolución se puede recurrir ante la misma magistrada, por lo que el proceso quedaría en suspenso hasta que la medida fuese firme.
Fuentes de la defensa de Oriol Pujol han indicado que están valorando recurrir, aunque antes deben estudiar la resolución, que les da tres días para presentar su escrito.
En el auto, la magistrada descarta conmutar la prisión por trabajos en beneficio de la comunidad al concluir que Oriol Pujol debe ir a la cárcel por la «gravedad» de sus delitos, porque de esta forma se «restablece la confianza del ciudadano» y porque una suspensión de penas equivaldría a una «minimización» de «actos delictivos graves».
Según la juez, Pujol cometió un «ataque muy importante» al Estado de Derecho, ya que afectó a su propia esencia y provocó «desconfianza en la ciudadanía hacia sus propios representantes», por lo que a la hora de decidir si ingresa en prisión «prima» la naturaleza de sus delitos sobre sus circunstancias personales.
En una vista celebrada el pasado 10 de diciembre, Pujol alegó que ya ha pagado una «pena natural» porque el caso de las ITV ha implicado la «destrucción» de su carrera política y profesional y advirtió de que su ingreso en prisión perjudicaría «gravemente» a su entorno familiar y a su arraigo laboral y social, que está «en plena recomposición».
Además, la defensa apuntó que Oriol Pujol ha sido «estigmatizado» por este caso de corrupción y pidió que se evitara convertirle en un «chivo expiatorio» por su dimensión pública, tras haber presidido el grupo parlamentario de CiU y ser secretario general de CDC.
Por el contrario, la juez afirma que acordar el ingreso en prisión de Pujol no es utilizarle como un «chivo expiatorio», sino que se limita a adoptar una resolución «debidamente motivada, imparcial y despojada de automatismos».
«Los hechos cometidos (por Oriol Pujol) son muy graves porque, en vez de prestar el servicio a la comunidad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó de los mismos en su propio beneficio, pues no actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado), sino en el suyo propio», argumenta.
En este sentido, subraya que la intervención de Pujol en la trama de las ITV «no se trató de una acción aislada, sino de una manera de actuar desde su privilegiada posición política y actividad pública, que se prolongó durante los años 2010 a 2012 y que solo terminó cuando la estratagema fue descubierta».
Según la juez, Pujol se aprovechó de su «posición política» a fin de conseguir «actos administrativos favorables a sus propios intereses económicos y a los de los empresarios con los que se había concertado», y a cambio «percibió comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, que procedió a la facturación de trabajos inexistentes».