El cantante y compositor español Julio Iglesias se ha querellado contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, tras considerar que vulneró su honor con declaraciones en redes sociales y en televisión en las que lo vinculó con supuestos abusos sexuales y una situación de explotación laboral. El procedimiento judicial se inicia con la solicitud de un acto de conciliación, paso previo a la interposición formal de acciones penales por presuntas injurias y calumnias con publicidad.
El escrito, dirigido al juzgado de primera instancia competente en materia civil y adelantado por OkDiario, reclama que la dirigente política reconozca el carácter lesivo de sus manifestaciones y se retracte públicamente en los mismos canales donde fueron difundidas. Asimismo, la defensa del artista exige una compensación económica cuya cuantía se fijaría en función del alcance y la repercusión de las declaraciones.
El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las afirmaciones de Díaz dañaron gravemente su reputación al atribuirle conductas delictivas sin que existiera investigación judicial abierta. En su argumentación, subraya que la vicepresidenta dio por ciertos hechos que no han sido acreditados ni sometidos a procedimiento penal.
El origen del conflicto se sitúa en un mensaje publicado el 13 de enero de 2026 en el perfil oficial de la dirigente en la red social Bluesky. En esa publicación calificó de «escalofriantes» los testimonios difundidos por un medio de comunicación y aludió a abusos sexuales y a una estructura de poder basada en la agresión, acompañando el texto con un enlace a una información periodística. Según la defensa del artista, ese mensaje fue ampliamente difundido y replicado, lo que multiplicó su impacto.
Al día siguiente, Díaz intervino en el programa La Hora de La 1 de RTVE, donde volvió a referirse al asunto. Durante la entrevista, expresó su respaldo a las denunciantes y destacó la gravedad de los hechos relatados, insistiendo en que la investigación conocida generaba alarma y preocupación. Para el entorno del cantante, estas declaraciones reforzaron el perjuicio a su imagen pública.
Además, la vicepresidenta introdujo el caso en el debate político al criticar la reacción de otros responsables públicos y al plantear la retirada de la Medalla de las Bellas Artes concedida al artista. Defendió que, al margen de la responsabilidad penal, podían existir consideraciones de carácter ético que justificaran revisar ese reconocimiento.
El cantante considera que estas actuaciones suponen atribuirle de forma directa delitos de agresión sexual y prácticas de explotación laboral sin pruebas. Su defensa reprocha también que, lejos de matizar sus palabras, la dirigente reiteró sus afirmaciones en distintos foros, consolidando la difusión de un relato que, según sostienen, vulnera la presunción de inocencia.
En el escrito se expone que el caso fue utilizado para generalizar una denuncia sobre el maltrato a las mujeres sin que existieran diligencias abiertas contra el artista. También se cuestiona la diferencia de trato respecto a otras figuras públicas señaladas en situaciones similares.
Con esta iniciativa, el objetivo del cantante es lograr una rectificación pública y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, continuar la vía judicial. El procedimiento abre un nuevo frente legal y político que podría prolongarse en los tribunales si no se alcanza una solución en la fase de conciliación.
