El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha un contrato público para analizar el denominado ciberacoso laboral o «network moobing». La licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el lunes 9 de febrero, culminó con la adjudicación del servicio por un importe total de 71.390 euros a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, tras presentarse una única oferta.
La iniciativa parte de la Secretaría de Estado de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justifican la necesidad de la contratación en la creciente utilización de herramientas digitales en el ámbito profesional. Según la memoria del expediente, el uso continuado de dispositivos y plataformas, tanto propiedad de la empresa como del trabajador, favorece que determinadas conductas inapropiadas se desarrollen por medios tecnológicos.
El documento oficial sostiene que este contexto facilita comportamientos de humillación u hostigamiento, incrementa la distancia psicológica respecto a la víctima y genera una mayor percepción de impunidad para el agresor. Además, advierte de que los efectos pueden resultar «devastadores» no sólo para quien sufre el acoso, sino también para su entorno y para la propia organización empresarial, por lo que considera imprescindible abordar esta realidad desde la óptica de los riesgos psicosociales.
El objeto del contrato consiste en definir y operativizar el concepto de ciberacoso laboral, identificar los factores que lo determinan y diseñar una herramienta cuantitativa que permita evaluarlo y controlarlo. También se prevé analizar las consecuencias de la exposición a este tipo de conductas sobre la salud y el desempeño de la población trabajadora.
El pliego detalla que el estudio deberá incluir un marco teórico que delimite el fenómeno y sus causas, el desarrollo metodológico de un cuestionario que ofrezca resultados válidos y fiables, así como un trabajo de campo para medir su prevalencia, detectar los perfiles más expuestos y examinar sus efectos en la salud y el rendimiento. A ello se sumarán un informe final de resultados, una discusión de los hallazgos, propuestas preventivas y protocolos de actuación, además de la correspondiente bibliografía.
En cuanto a los medios humanos exigidos, la entidad adjudicataria deberá contar con personal cualificado y experiencia en investigaciones de naturaleza similar. El equipo mínimo contemplado incluye un coordinador del proyecto, doctor en Psicología y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, junto con un grupo investigador compuesto por al menos cuatro personas.
El contrato destina 59.000 euros al servicio propiamente dicho y 12.390 euros al IVA repercutido. Con esta adjudicación, el departamento que dirige Yolanda Díaz activa un nuevo estudio financiado con fondos públicos para analizar el impacto de las dinámicas digitales en el entorno profesional.
