España arrancó el año con 918.756 personas sin trabajo que no aparecen en el paro registrado, una cifra inédita desde que se modificó el marco laboral para reducir la temporalidad. Son trabajadores sin actividad ni ingresos que, pese a encontrarse desempleados, no computan en los datos oficiales que difunde el Gobierno, lo que vuelve a poner en cuestión la fiabilidad de las estadísticas laborales.
Este colectivo se ha disparado desde la aprobación de la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo eje fue la conversión masiva de contratos temporales en indefinidos. Dentro de esa transformación destaca la figura del fijo discontinuo, un tipo de contrato que permite a las empresas interrumpir la actividad del trabajador en los periodos de menor demanda.
Durante esos meses, el empleado permanece sin ocupación y sin salario, aunque conserva el vínculo contractual y el derecho a reincorporarse cuando la empresa lo requiera. Sin embargo, no figura como parado, a diferencia de cualquier otro trabajador que pierde su empleo, lo que distorsiona la imagen real del mercado laboral.
Cuando estos trabajadores se inscriben en el SEPE para acceder a una prestación, buscar otro puesto o recibir formación, pasan a una categoría distinta del paro registrado. Se integran en el grupo de demandantes de empleo con relación laboral, junto a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y los adscritos al sistema de colaboración social.
Esta categoría experimentó un fuerte crecimiento durante la pandemia, cuando la paralización de la actividad llevó a miles de empresas a recurrir a los ERTE. Con la recuperación económica, el volumen volvió a niveles habituales en 2022, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Desde entonces, los ERTE se mantienen estables en torno a las 10.000 personas y el sistema de colaboración social tiene un peso reducido, según los expertos citados, lo que apunta directamente a los fijos discontinuos como motor del nuevo incremento registrado desde mediados de ese año.
Ante las críticas, el Ministerio de Trabajo anunció en enero de 2023 que desglosaría el número exacto de fijos discontinuos inactivos dentro del total de demandantes con relación laboral. Tres años después, ese compromiso sigue sin cumplirse y el dato continúa sin publicarse, lo que impide conocer cuántos desempleados reales quedan fuera del paro oficial.
Los datos de enero refuerzan esa opacidad. En ese mes se destruyeron 270.782 empleos, mientras que el paro registrado solo aumentó en 30.392 personas, según la comunicación oficial del Gobierno. Al mismo tiempo, los demandantes de empleo con relación laboral crecieron en 25.823 personas, una cifra muy similar al aumento del paro oficial, lo que amplía la brecha entre el empleo que se pierde y el desempleo que se reconoce.
La suma del paro registrado y este desempleo que no computa da lugar al denominado paro «efectivo», un concepto utilizado por la fundación Fedea. Con los últimos datos disponibles, el desempleo real alcanzaría los 3,36 millones de personas. En enero de 2019, esa cifra se situaba en 3,57 millones, lo que supone una reducción del 6%, muy inferior al descenso del 26% que reflejan las estadísticas oficiales cuando se excluye a este colectivo.
El peso creciente de los fijos discontinuos y la fuerte estacionalidad de determinados sectores provocan que, en meses como enero, las cifras oficiales se alejen cada vez más de la realidad. Tal y como publicó Vozpópuli, uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE permanece oculto en la estadística, un desajuste que desmonta el relato triunfalista del Ejecutivo sobre la evolución del empleo.
