La Audiencia Nacional investiga 11 adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes por valor de 537,2 millones de euros, ante las sospechas de que varios contratos pudieron amañarse para beneficiar económicamente a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a Koldo García y otros implicados. Según publica ABC, el magistrado Leopoldo Puente, que instruyó la causa contra Ábalos y García en el Tribunal Supremo y envió a prisión preventiva a Cerdán, calculó que las presuntas comisiones ilegales podrían superar los cinco millones de euros.
La investigación, que ahora instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, afecta a 11 expedientes de obra pública adjudicados por Adif y la Dirección General de Carreteras durante los años en que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes, aunque algunas adjudicaciones también se remontan a una etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción mantiene especialmente el foco sobre seis de estos contratos.
Las adjudicaciones bajo sospecha fueron concedidas a distintas empresas, entre ellas Acciona Construcción, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). El importe conjunto de los contratos investigados asciende a 537,2 millones de euros. Sus responsables y varios antiguos cargos públicos figuran también como investigados en el procedimiento.
Entre los nombres señalados aparecen los exresponsables de Adif y Carreteras Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, además de antiguos directivos de Acciona Construcción, como Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte, Manuel José García Alconchel y Fernando Merino. También están investigados Daniel y Antonio Fernández Menéndez, vinculados a OPR, y José Ruz, propietario de LIC.
El origen de las pesquisas se encuentra en la investigación del Tribunal Supremo sobre Ábalos y las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, quien reconoció haber pagado sobornos al exministro a cambio de un trato favorable para las compañías a las que representaba. Aldama señaló asimismo la influencia de Cerdán en las adjudicaciones de obra pública del norte de España, donde habría mantenido una posición de control que los investigadores tratan de esclarecer.
El empresario llegó a referirse a una especie de «cupo vasco» en el reparto de contratos y apuntó a la posible existencia de un sistema de comisiones entre responsables políticos y empresas adjudicatarias.
Cinco millones en posibles comisiones
Uno de los elementos centrales de la investigación es el cálculo realizado por el magistrado Leopoldo Puente en el auto del 30 de junio de 2025, cuando acordó el ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán. El juez estimó que, si las comisiones ilegales hubieran representado aproximadamente el 1% del importe de las adjudicaciones investigadas, el dinero presuntamente desviado superaría los cinco millones de euros.
Puente advirtió además de que los beneficios ilícitos podrían haber alcanzado a otras personas físicas o jurídicas, más allá de Ábalos, Koldo García y Cerdán. El instructor consideró que no podía descartarse la participación de otros beneficiarios en el supuesto entramado.
Previamente, el 12 de junio de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había presentado un informe que cifraba en 620.000 euros las cantidades que Cerdán habría gestionado para el cobro de mordidas.
De ese importe, 550.000 euros estarían relacionados con dos adjudicaciones de Acciona en Murcia: las obras del soterramiento ferroviario de la ciudad, valoradas en casi 159 millones, y un tramo del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Pulpí y Vera, por algo más de 121 millones.
Los otros 70.000 euros corresponderían a una cantidad vinculada a un inmueble. Además, los investigadores identificaron otros 450.000 euros en posibles comisiones relacionados con adjudicaciones de Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.
