El Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia contra las mujeres, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en el último año y medio, por la especial «repulsa» que generan en la opinión pública y la «sensibilidad social» que existe hacia el ejercicio del indulto.
La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha dado cuenta de estos datos ante la Comisión de Justicia del Congreso en cumplimiento con el mandato legal introducido en la reforma del Código Penal de 2015.
Roldán ha ofrecido los datos con un retraso de dos años, puesto que la reforma incorporó, en la disposición adicional tercera, la obligación del Gobierno de remitir un informe sobre los indultos concedidos y denegados cada seis meses, para aumentar el control parlamentario sobre esa figura.
Además, la reforma añade que el ministro de Justicia o un alto cargo de este departamento comparecerá en la comisión correspondiente para explicarlos y responder a las preguntas que le formulen los parlamentarios.
Pero desde entonces, nadie del Ministerio ha acudido al Congreso para dar cuenta de los indultos, pese a que la normativa así lo estipula.
27 indultos
Entre los 27 indultos concedidos en 2016, de un total de 3.774 solicitudes, y los 20 en lo que va de año, de 1.943 peticiones, no existe ninguno a condenados por delitos de corrupción, violencia contra las mujeres, seguridad vial, Hacienda Pública ni lesa humanidad.
Además, ha destacado la reducción progresiva de los indultos concedidos, al pasar de una media anual de 400 en los últimos diez años a los 27 del pasado año, es decir, un porcentaje que ha pasado del 11,26 % de 2007 al 0,72 % de 2016, del total de solicitudes.
El Gobierno no ha entrado a valorar esta reducción, pero sí ha destacado que al tratarse de un «acto político», que supone una interferencia en otro poder del Estado, «la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible», en consonancia con la «realidad social» del momento, que, ha recordado, «es cambiante».
De esta forma, las condenas por delitos contra la salud pública acaparan la mayor parte de las solicitudes e indultos concedidos, ya que se valora la rehabilitación del penado, y ha añadido que se indultan más a mujeres que hombres «por la menor gravedad de su conducta delictiva y el menor número de delitos».
Tras mencionar que el Gobierno hace «un uso extremadamente cauteloso» de esta medida de gracia, ha defendido que el Ejecutivo sí que explica- tras las críticas de Podemos- las razones concretas por la cuales accede a su concesión, como son la antigüedad, la reinserción o la menor gravedad de los hechos.
Ahora bien, ha querido dejar claro que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede figurar todo porque eso afecta a la intimidad de las personas, del mismo modo que ha subrayado que las desestimaciones no tienen publicidad alguna por el mismo motivo.
El PSOE quiere reformar el indulto
La presentación de este informe del Ministerio coincide con la tramitación de una proposición de ley del PSOE que pide reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data de 1870, e incorporar la prohibición del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia contra las mujeres.
Al respecto, la subsecretaria ha manifestado el apoyo del Gobierno, si bien ha precisado que se puede ampliar el catálogo de delitos excluibles del indulto, aunque no ha detallado cuáles.
En líneas generales, los grupos han valorado los datos ofrecidos, aunque algunos han criticado el retraso de dos años en presentarse el Congreso, que Justicia ha justificado por el año que el Gobierno estuvo en funciones y porque «parecía lógico» que, si la ley obliga a presentarlo cada seis meses, «hacerlo en el semestre de un año natural».
Sin apenas críticas del PSOE y Ciudadanos y con el apoyo del PP por la «transparencia» del Gobierno, Podemos ha centrado las principales críticas en la comisión, al cuestionar el «enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías» de Semana Santa «en un estado laico» y la medida de gracia concedida a seis empleados públicos condenados por prevaricación.
Pero la subsecretaria ha querido dejar claro que las cofradías no tienen ningún privilegio y que las solicitudes las pueden hacer asociaciones, penados o familiares; mientras que en el segundo caso ha asegurado que no eran casos de corrupción política, como entiende el Ejecutivo, porque no hubo enriquecimiento personal.
