Koldo García ha decidido guardar silencio ante el Tribunal Supremo. El exasesor de José Luis Ábalos fue citado este jueves por el magistrado Leopoldo Puente después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo identificara como el “gestor” y “custodio” del dinero opaco que habría manejado el exministro socialista a cambio de adjudicaciones públicas. Su comparecencia se produce un día después de la de su antiguo jefe, que también se negó a declarar. El juez, de momento, ha descartado enviarle a prisión preventiva, aunque mantiene las medidas cautelares impuestas en febrero, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado.
La defensa de García ya había intentado frenar la investigación. En la víspera de la declaración de Ábalos, su abogada presentó un escrito en el Supremo solicitando la nulidad de la pieza separada abierta el pasado 23 de septiembre sobre los contratos públicos. Esa parte del sumario, además de las presuntas mordidas, examina la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja del exministro, en dos organismos públicos bajo sospecha.
El exasesor argumenta que esa investigación excede lo autorizado por el Congreso. Según su defensa, el suplicatorio concedido para investigar a Ábalos —único aforado del caso— se limitaba a la compra de mascarillas y a los posibles beneficios obtenidos por ese contrato durante la pandemia. Todo lo que no esté incluido en esa autorización, sostiene García, debería quedar fuera del alcance del Supremo.
El magistrado Puente decidió citarle tras recibir el nuevo informe de la UCO, que lo describe como la persona que “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”. El documento detalla que parte de los gastos personales del exministro eran “sufragados y liquidados” por su asesor sin que existiera devolución alguna. Los investigadores señalan la existencia de una reserva de dinero en metálico sin respaldo en los ingresos oficiales del antiguo titular de Transportes, de la que Koldo García disponía para cubrir pagos y atenciones vinculadas a su jefe.
El informe también pone el foco en el Partido Socialista, que según la Guardia Civil habría entregado dinero en sobres tanto a García como a Ábalos. Algunos de esos pagos figuraban en la documentación enviada por el PSOE al Supremo, pero otros no. Los agentes alertan de “indicios consistentes” que apuntan a la existencia de “zonas de intersección patrimonial” entre ambos.
Las pesquisas han permitido además descubrir el lenguaje en clave que Koldo y su esposa, Patricia Úriz, utilizaban para referirse al dinero. En sus mensajes hablaban de “chistorras” para designar los billetes de 500 euros, “soles” para los de 200 y “lechugas” para los de 100. La Guardia Civil vincula este sistema con la gestión del dinero procedente de las adjudicaciones. Según reveló este diario, el propio Ábalos guardaba sobres, carpetas y cajas con efectivo en un armario bajo llave.
El exministro compareció este miércoles, pero decidió no contestar a ninguna pregunta. Argumentó que se sentía “indefenso” tras haber despedido a su abogado apenas dos días antes de la citación por “diferencias irreconciliables”. El juez calificó la maniobra de “fraude de ley” y obligó al letrado a asistirle igualmente durante las dos sesiones previstas. A partir de ahora, Ábalos tendrá tres días para designar un nuevo defensor.
Pese a la gravedad de los indicios, el magistrado Puente rechazó la petición de prisión preventiva solicitada por las acusaciones populares. Coincidió con la Fiscalía Anticorrupción en que no existe un riesgo inminente de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva, aunque advirtió de un “riesgo cierto, aunque no suficientemente intenso”. Sí apreció, sin embargo, un peligro “creciente” de fuga que podría aumentar a medida que avance la causa y se acerque un eventual juicio.
Tanto Ábalos como Koldo seguirán bajo las mismas restricciones: pasaporte retirado, prohibición de salir del país y obligación de comparecer cada dos semanas. No obstante, la situación del exasesor podría endurecerse, ya que el Supremo revisará en los próximos días sus medidas cautelares.
