La muerte de tres ejemplares de águila imperial ibérica en diferentes parques eólicos de la provincia de Albacete ha reavivado una vieja controversia: cómo avanzar en la transición hacia las energías renovables sin poner en riesgo a especies en peligro de extinción.
Entre 2022 y 2024, tres de estas rapaces —uno de los símbolos más representativos de la fauna mediterránea— perdieron la vida tras colisionar con aerogeneradores en los complejos de Derramador (Bonete), Frontones (Montealegre del Castillo) y Fuenteálamo (Chinchilla de Montearagón). Estas muertes se produjeron pese a las reiteradas advertencias de organizaciones ecologistas sobre el peligro que estos proyectos suponen para la biodiversidad de la zona.
Los parques, autorizados por la Junta de Castilla-La Mancha en 2021, se levantaron en un corredor ecológico de enorme importancia, que conecta enclaves protegidos de la Red Natura 2000. SEO/BirdLife, que ha denunciado las deficiencias del proceso de autorización, ha llevado el caso ante los tribunales, alegando que no se tuvieron en cuenta los impactos acumulativos ni la ubicación en un área clave para aves amenazadas.
La zona afectada actúa como enlace natural entre la ZEPA «Área esteparia del Este de Albacete» y el IBA «Pétrola-Almansa-Veda», donde se han identificado 171 especies distintas, incluidas la avutarda y la malvasía cabeciblanca. Según datos de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, los aerogeneradores de estos tres parques habrían provocado la muerte de al menos 138 aves protegidas.
De los tres complejos, Derramador sería el más problemático, con 61 incidentes documentados, seguido de Frontones, con 35, y Fuenteálamo, con 42. Entre las víctimas se cuentan cuatro águilas imperiales, aunque SEO/BirdLife advierte de que las cifras podrían ser mayores, ya que muchos restos desaparecen antes de ser localizados. «Los sistemas de detección no son infalibles. Lo que era una previsión sobre el papel se ha convertido en un daño tangible para especies en peligro», explicó David de la Bodega Zugasti, responsable de Gobernanza Ambiental de la organización.
Los proyectos fueron aprobados sin un estudio estratégico conjunto que valorara sus efectos combinados con otras infraestructuras energéticas cercanas. En total, el grupo promotor prevé desplegar 400 megavatios —250 de origen solar y 150 eólicos— sobre unas 1.000 hectáreas. Según SEO/BirdLife, la fragmentación en varios proyectos menores permitió eludir una evaluación ambiental integral, como exige la normativa europea.