La regularización masiva de inmigrantes ilegales apenas tendrá impacto sobre la financiación futura de las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida aportará sólo 0,03 puntos del PIB en ingresos por cotizaciones en promedio entre 2022 y 2050, una contribución que el propio organismo define como «muy moderada».

La estimación figura en el estudio extraordinario sobre la regla de gasto de las pensiones analizado por The Objective. El informe actualiza las conclusiones emitidas en 2025 y vuelve a certificar que el límite fijado por la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá se cumple formalmente. Sin embargo, la AIReF advierte de que ese mecanismo no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas ni evita una trayectoria ascendente de la deuda en las próximas décadas.

La regularización aparece en las tablas generales con un impacto del 0,0% del PIB por el redondeo utilizado por la autoridad fiscal. No obstante, el organismo desarrolla después una estimación específica y concluye que, bajo determinados supuestos, su aportación a los ingresos por cotizaciones será de apenas tres centésimas del PIB en promedio hasta 2050.

La diferencia con otras medidas aprobadas para reforzar el sistema es significativa. La principal fuente adicional de ingresos será el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización extra introducida por la última reforma de las pensiones y pagada por trabajadores y empresas. Según la AIReF, este recargo aportará un 0,4% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

El impacto del MEI multiplica por más de 13 el efecto estimado para la regularización masiva. Es decir, el refuerzo financiero de las pensiones dependerá mucho más de las mayores cargas sobre empresas y asalariados que de la incorporación de inmigrantes al sistema por la vía de la regularización.

La evolución de las bases máximas de cotización y la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos aportarán igualmente 0,3 puntos del PIB cada una. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social añadirán otras tres décimas, mientras que la cotización adicional de solidaridad y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional contribuirán con una décima del PIB respectivamente.

En conjunto, la AIReF estima que todas las medidas aprobadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones generarán una aportación media equivalente a 1,6 puntos del PIB entre 2022 y 2050. Una cuarta parte de ese refuerzo procederá exclusivamente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El informe también subraya la elevada incertidumbre que rodea la regularización masiva. La institución recuerda que todavía se desconoce cuántos inmigrantes solicitarán acogerse al proceso, cuál será la tasa de aceptación de los expedientes y cuántos trabajadores pasarán desde la economía sumergida hacia empleos formalizados.

La autoridad fiscal distingue además entre el efecto económico de la llegada de población extranjera y el impacto específico de la regularización. La fuerte entrada de inmigrantes de los últimos años ha llevado a revisar al alza las previsiones demográficas y de crecimiento económico para la próxima década, al aumentar la población en edad de trabajar. Pero ese efecto no equivale a que la regularización extraordinaria vaya a resolver el problema de financiación de las pensiones.

La institución presidida por Cristina Herrero sostiene que el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones es compatible con una evolución creciente de la deuda pública. En su escenario, el endeudamiento alcanzará el 123% del PIB en 2050 y las transferencias implícitas desde el resto de fondos de la Seguridad Social y de la Administración Central deberán aumentar hasta el 3% del PIB para financiar el incremento del gasto asociado al envejecimiento.

El informe deja así en evidencia uno de los argumentos utilizados para defender la regularización masiva: su supuesto efecto decisivo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Según la AIReF, el impacto será residual y el peso real del ajuste recaerá sobre las nóminas, las empresas, los autónomos y las transferencias públicas.