España cerró 2025 con 100 detenidos por terrorismo yihadista, la cifra más alta desde 2004, el año de los atentados del 11-M, y lo hizo además con 64 operaciones policiales, el máximo de toda la serie histórica. El dato procede de la tabla oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad consultada por LA GACETA y que fue actualizada a 23 de septiembre de este año. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa suman ya 537 detenidos, resultado de añadir a los 525 que Interior contabiliza desde 2019 los doce de la segunda mitad de 2018 que se desprenden del registro del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Un 61% más que en la década anterior

La comparación con periodos anteriores ayuda a medir el salto. En el último lustro, de 2021 a 2025, fueron detenidas en España 344 personas por yihadismo, un 28% más que en el lustro precedente, cuando hubo 269, un 54% más que entre 2006 y 2010 y más del doble que entre 2011 y 2015. Si se amplía el foco a la década el resultado es todavía más claro. Entre 2016 y 2025 se practicaron 613 detenciones frente a las 380 de los diez años anteriores, un incremento del 61%, mientras que las operaciones policiales pasaron de 128 a 371 y casi se triplicaron.

La tendencia, lejos de moderarse, se ha acelerado en los últimos ejercicios. El trienio 2023-2025 se saldó con 259 detenidos, un 112% más que los 122 del trienio anterior y un 88% por encima de la media anual registrada entre 2005 y 2022. Los 100 detenidos del año pasado representan un 245% más que los 29 de 2018, el registro más bajo de la última década, y 2026 llevaba ya 86 a finales de septiembre, con lo que apunta a batir un récord recién establecido. El Ejecutivo suele presentar estas cifras como un éxito policial y, en efecto, lo son, gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del CNI. Ahora bien, cada detención revela también una amenaza que estaba ahí, y un país que necesita detener al doble de yihadistas que hace tres años tiene, como mínimo, el doble de problema.

La frontera sur, epicentro

El mapa de Interior, con datos acumulados desde 2012, sitúa en cabeza a Barcelona, con 163 detenidos, y a Madrid, con 115, algo esperable por población. Lo llamativo viene a continuación. La tercera provincia de España en detenidos por yihadismo es Melilla, con 89, y la cuarta es Ceuta, con 46 detenciones. Dos ciudades que apenas reúnen el 0,35% de la población concentran el 16,8% de los arrestos, hasta el punto de que Melilla, en proporción a sus habitantes, multiplica por más de 35 la tasa de Barcelona.

Tampoco se trata de un fenómeno del pasado. En octubre de 2022 cayó en Melilla una célula de ocho personas dirigida por el imán de una mezquita, en diciembre de 2023 fueron detenidas otras nueve y en lo que va de 2026 la ciudad suma once arrestos, más que cualquier otra provincia de la que hay dato. Son precisamente las dos fronteras donde más ha crecido la presión migratoria, con una vía terrestre a Ceuta que ha pasado de 289 entradas ilegales en 2020 a 3.523 en 2025, y eso sin contar los episodios de invasión territorial.

Entraron de forma ilegal

La relación entre inmigración ilegal y terrorismo islamista es cada vez más manifiesta. En diciembre de 2018 fue detenido en Mataró un retornado de Siria reclamado por Marruecos que había entrado en España de forma ilegal y sin documentación. En abril de 2020 cayó en Almería Abdel Bary, uno de los combatientes de Daesh más buscados de Europa, que había llegado desde Argelia junto a dos argelinos. Un año después, en julio de 2021, la Guardia Civil arrestó en Mallorca al jefe de una red de tráfico de personas vinculada al yihadismo, y en octubre la Policía desarticuló en Barcelona una célula argelina que buscaba fusiles de asalto y cuyo líder había desembarcado en patera siete meses antes.

La relación no acaba ahí. En julio de 2023 se detuvo en Lleida a un marroquí integrado en una red de tráfico de personas y falsificación de documentos que enviaba dinero a Daesh, y en noviembre de ese mismo año cayó en Terrassa otro marroquí, en situación ilegal y con 400.000 seguidores en redes sociales, que ensalzaba el atentado de Algeciras mientras trataba de comprar chalecos antibalas. Más reciente es el caso de agosto de 2025, de nuevo en Lleida, donde fue arrestado un condenado por terrorismo en Marruecos que entró ilegalmente en España tras cumplir su pena.

Queda Algeciras. El 25 de enero de 2023 un marroquí que había entrado de forma ilegal en 2019 asesinó al sacristán Diego Valencia, pese a que sobre él pesaba una orden de expulsión dictada siete meses antes. La Audiencia Nacional apreció después un trastorno mental, pero ninguna sentencia altera el dato esencial: aquel hombre no debía estar en España y el Estado lo sabía.

Ceuta, la incógnita de los invasores

El 30 y el 31 de julio de 2026 cruzaron a Ceuta decenas de miles de invasores sin control fronterizo alguno. Seis semanas más tarde, el 10 de septiembre, la Guardia Civil detuvo en la ciudad, durante un control, a un condenado en firme por yihadismo que tenía prohibida la entrada en España y que, según fuentes de la lucha antiterrorista, pudo colarse en la avalancha. Es, por ahora, el único caso acreditado. Distintos medios han publicado que el CNI alertó a Interior de la entrada de tres terroristas y que se busca a una docena de perfiles yihadistas, aunque el Ministerio no ha ofrecido cifra alguna ni parece en condiciones de hacerlo, porque un Gobierno que dos meses después sigue sin consolidar cuántos entraron difícilmente puede saber quiénes.

El balance de inmigración ilegal y el de terrorismo islamista acaban conduciendo al mismo lugar. La frontera con Marruecos, la que Sánchez presume de tener bajo control gracias a su relación con Rabat, es la que registra las entradas masivas, la mayor tasa de detenidos por yihadismo de España y el mayor agujero de seguridad de los últimos años.