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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La Asociación 11M exige acusar por asesinato a los procesados por el 17A

La Asociación 11M Afectados del Terrorismo exige que se les permita acusar a los tres procesados por los atentados del 17A por los delitos de asesinatos consumados y en grado de tentativa, aunque el juez instructor los descartara.

Así lo afirma la asociación en un comunicado en vísperas de que se cumpla el segundo aniversario de los atentados del 17A en Cataluña, que dejaron 16 víctimas mortales y 140 heridos.

Por estos hechos serán juzgadas tres personas, Driss Oukabir, Mohamed Ouli Chemlal y Said Ben Iazza, procesadas por los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, delito de estragos en grado de tentativa, y tenencia y fabricación de explosivos con fines terroristas.

La asociación considera que la posición de la Fiscalía y del juez instructor, que dejó fuera los delitos de asesinatos consumados y en grado de tentativa, así como las lesiones y daños causados por los terroristas, es un «gravísimo error».

A su juicio, el fallecimiento en Subirats (Barcelona) y Cambrils (Tarragona) de los autores materiales de los atentados «no termina con las responsabilidades penales derivadas de estos crímenes».

Por ello, las acusaciones han planteado recursos y esperan poder sostener en el juicio que al menos dos de los procesados, Oukabir y Chemlal, deben responder por las muertes del 17A.

«Dejar estos delitos fuera sería sumamente grave, permitiendo cierto grado de impunidad y un cierre en falso del juicio que impediría una sentencia consecuente con los hechos ocurridos y perpetrados por los miembros de la célula y no sólo los fallecidos», subraya la asociación.

En consecuencia, exige se les permita formular la acusación en los términos planteados «para que forme parte del debate del juicio oral, sin perjuicio de que después podrán ser absueltos o condenados», ya que considera que «hurtar» el debate «limita» su posición jurídica como víctimas.

Según explica la asociación, se espera que en breve la causa pase a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar los hechos y dictar sentencia.

La Sala fijará la fecha para el comienzo de las sesiones del juicio oral, que, según la asociación «no parece probable que comience en lo que queda del año» sino a comienzos del 2020.

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