La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, considera que la reforma de la Fiscalía que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros es «una operación más de maquillaje de cara al exterior» que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien —advierte— se le otorga más poder sin suficientes contrapesos.
Así se ha pronunciado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), después de que este martes se diera a conocer que el Consejo de Ministros aprobará una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el fin de «reforzar la independencia» de la Fiscalía y responder a las «reiteradas recomendaciones» de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
Dexeus considera que, de lo que ha podido leer sobre el anteproyecto del Gobierno, se trata de «una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado». Y defiende que «no es una reforma de calado para el funcionamiento interno de los fiscales». «Tiene muy pocas aspiraciones, muy poco ambiciosa, muy decepcionante», sostiene Dexeus, al tiempo que incide en que no se modifica ni la estructura ni la organización interna de la Fiscalía.
A su juicio, el texto «no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado». «Se olvida al Consejo Fiscal, se le arrincona, en lugar de darle preponderancia o de darle relevancia atribuyéndole mayores funciones de contrapeso al poder del fiscal general del Estado», añade para luego incidir en que se «refuerza mucho» la figura del jefe del Ministerio Público y se «difuminan los controles al máximo».
Sobre la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes, Dexeus incide en que dicho órgano «está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales», de la que era miembro el propio García Ortiz.
Ante el eventual cambio que dejará las investigaciones penales en manos de los fiscales, Dexeus afea que no se impulse un «sistema de discrepancia clara» ni se genere «un sistema de defensa, por así decirlo, del fiscal investigador o de verdaderas y reales garantías del fiscal investigador para llevar a cabo su labor».
La presidenta de la AF también se muestra preocupada ante el hecho de que los nombramientos discrecionales que antes proponía el fiscal general y aprobaba el Consejo de Ministros sean a partir de ahora competencia del jefe del Ministerio Público.
