está previsto que se haga pública entre el martes y el miércoles
David Sánchez. Redes sociales
Por LGI
14 de julio de 2026
La Audiencia Provincial de Badajoz tiene previsto hacer pública entre este martes y el miércoles la sentencia del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación pacense. Fuentes conocedoras del procedimiento apuntan a una condena que rondaría los dos años de prisión, lejos de los seis solicitados por la mayoría de las acusaciones populares.
Los tres magistrados del tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, celebraron el pasado jueves su última deliberación antes de cerrar el fallo. La Sala pretende notificar la resolución en las próximas horas, después de haber barajado inicialmente retrasarla hasta septiembre.
David Sánchez ha sido juzgado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por las circunstancias que rodearon su contratación en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz.
Seis de las siete acusaciones populares —PP, Hazte Oír, VOX, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos— reclaman para el hermano del líder socialista seis años de prisión. Manos Limpias, por su parte, solicita una condena de dos años y once meses.
La Fiscalía, como sucede en el procedimiento abierto contra Begoña Gómez, no ejerce la acusación contra el hermano de Pedro Sánchez.
Las acusaciones retiraron durante el procedimiento el delito de aceptación de nombramiento ilegal después de que el tribunal determinase que había prescrito, pero incorporaron una nueva acusación por prevaricación en concurso con tráfico de influencias.
El tribunal también debe pronunciarse sobre el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Seis acusaciones populares solicitan para el exlíder de los socialistas extremeños cuatro años de prisión, mientras que Manos Limpias reclama una pena de un año y medio.
Las fuentes consultadas sostienen que David Sánchez será condenado, aunque la pena finalmente impuesta podría situarse alrededor de los dos años de cárcel. La resolución no será firme y podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia adelanta un fallo previsto inicialmente para septiembre
La intención inicial de los magistrados era hacer pública la sentencia después del verano. Sin embargo, el temor a una posible filtración del fallo y la rapidez con la que el Tribunal Supremo resolvió el procedimiento contra el exministro socialista José Luis Ábalos habrían llevado a la Audiencia a acelerar los plazos.
A ello se suma que uno de los tres integrantes del tribunal comienza sus vacaciones este miércoles. No aprobar la sentencia antes de esa fecha habría obligado a retrasar la resolución hasta después del parón estival.
Septiembre constituía, además, el límite para el tribunal debido a que el ponente de la sentencia, el magistrado Emilio Serrano, tiene prevista su jubilación ese mismo mes.
La Audiencia también debe resolver la situación del resto de los acusados. Entre ellos figura el exasesor de Moncloa Luis Carrero, quien se refería en sus comunicaciones a David Sánchez como «hermanito» y que también obtuvo un puesto de alta dirección en la institución provincial. Las acusaciones populares solicitan para él dos años de prisión.
Para los funcionarios de la Diputación que participaron en la contratación del hermano del presidente en 2017 o en el posterior cambio de denominación de su puesto en 2021, las penas solicitadas oscilan entre la inhabilitación y un año y medio de cárcel.
La sentencia llega en plena investigación de las «cloacas del PSOE»
El fallo se conocerá mientras avanza la investigación judicial sobre la supuesta trama destinada a desactivar las causas que afectan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez.
La magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez, fue uno de los objetivos de las maniobras investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que se creó un grupo de WhatsApp denominado «Vacaciones y viajes» para «coordinar la línea de actuación dirigida a desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente».
En ese grupo participaban la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del CF Badajoz Joaquín Parra.
Según los investigadores, sus integrantes organizaron reuniones en el denominado «piso franco» situado en el número 36 de la madrileña calle Diego de León. Durante esos encuentros, Sáenz de Tejada habría realizado una exposición sobre distintos jueces y funcionarios, incluida Biedma.
La UCO también sostiene que se estudió la posibilidad de que David Sánchez sustituyera a su abogado y encargara su defensa al exjuez para promover un «expediente de recusación» contra la instructora.
Sáenz de Tejada intentó además personarse como acusación popular en la causa y recusar a Biedma en marzo de 2025. Las agendas intervenidas a Leire Díez contenían igualmente anotaciones relacionadas con la defensa del hermano del presidente y con una posible personación en el procedimiento.
Las maniobras no lograron apartar a la magistrada y la investigación terminó sentando en el banquillo a David Sánchez.
Otro de los objetivos de la supuesta trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación policial y sobre quien Leire Díez habría tratado de obtener información comprometedora.
Durante el juicio, Balas sostuvo que detrás de la creación y adjudicación del puesto ocupado por David Sánchez existía «una instancia superior con capacidad política» y señaló directamente a Gallardo. El mando de la Guardia Civil aseguró además que el entonces presidente de la Diputación dio el «pistoletazo» para activar la contratación y destacó que el puesto permaneciera vacante durante nueve meses pese a que su creación se había justificado por razones de «urgencia».