La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha acordado la libertad provisional de tres investigados que permanecían en prisión preventiva desde el pasado 30 de abril en el marco de una causa declarada secreta sobre una red de tráfico de inmigrantes ilegales desde Argelia hasta distintos puntos del litoral español mediante las denominadas «pateras taxi».

Según informa el diario Información, la decisión estima parcialmente los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados por un juzgado de Lorca que había decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco investigados. Según las resoluciones judiciales, la excarcelación no responde a una valoración sobre el fondo de los hechos investigados, sino a la apreciación de una vulneración del derecho de defensa durante la tramitación de la medida cautelar.

La Audiencia considera que la instructora denegó el acceso de las defensas a elementos esenciales de las actuaciones, entre ellos actas de vigilancia, seguimientos e intervenciones policiales citadas como sustento de los autos de prisión. El tribunal entiende que dicha limitación no fue acompañada de una justificación suficiente sobre el eventual perjuicio que ese acceso podría ocasionar a una investigación sometida a secreto.

En sus resoluciones, la Sala recuerda que la declaración de secreto de las actuaciones no excluye automáticamente el acceso de los investigados a los elementos fundamentales utilizados para fundamentar una medida restrictiva de derechos como la prisión provisional. A juicio del tribunal, la información facilitada hasta ese momento consistió en una exposición parcial de los indicios, sin permitir a las defensas conocer de forma directa las fuentes probatorias que sustentaban la imputación.

La investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil relaciona a los detenidos con una presunta estructura dedicada al tráfico de ilegales mediante embarcaciones procedentes de Argelia con destino a distintos enclaves de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Las diligencias apuntan igualmente a la existencia de una infraestructura logística integrada por viviendas y recursos materiales supuestamente utilizados para facilitar la actividad investigada.

Entre los excarcelados figura una persona a la que los investigadores atribuyen funciones de dirección y coordinación de la presunta organización. Otro de los investigados liberados estaría vinculado, según las actuaciones, a tareas de apoyo logístico. Durante los registros practicados se intervinieron cantidades de dinero en efectivo, documentación bancaria y diverso material relacionado con la navegación.

Pese a acordar la puesta en libertad, la Audiencia mantiene diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el órgano instructor.