Un cruce de datos elaborado por LA GACETA a partir de las cifras oficiales del INE y del Observatorio Permanente de la Inmigración revela que España mantiene en vigor documentación de residencia de 19.160 inmigrantes de nacionalidades africanas que no aparecen en las últimas cifras oficiales de población consolidadas el pasado 1 de enero del año pasado.
Esto significa que hay miles de autorizaciones de residencia activas cuyos titulares ya no figuran como residentes en España. El caso más extremo es el de Mali. España contabiliza 38.517 malienses en el país, pero mantiene 47.004 autorizaciones de residencia en vigor. Es decir, existen 8.487 documentos sin una persona real contabilizada detrás. Casi uno de cada cinco papeles malienses carece de residente que los respalde. Situaciones similares, aunque en menor medida, se dan en Gambia, Ghana, Mauritania, Guinea y Nigeria.
Este fenómeno no afecta por igual a todas las nacionalidades. Los corredores migratorios históricos, como Marruecos, Argelia o Senegal, presentan el signo contrario: más inmigrantes censados que papeles en vigor. Es la bolsa clásica de inmigrantes ilegales que llevan años en España y esperan regularizarse. En cambio, las nacionalidades que han llegado masivamente por la ruta atlántica en los últimos años (especialmente Mali y otros países del Sahel) muestran el patrón inverso, más papeles que inmigrantes. Consiguen la documentación y luego se van.
Cabe destacar que la documentación afectada no es antigua. En su inmensa mayoría se ha expedido tras el fuerte aumento de llegadas de estas nacionalidades a partir de 2023 y 2024. Son papeles recién emitidos que ya no cuadran con el censo. Sus titulares han tenido tiempo de marcharse. Estas diferencias se producen cuando inmigrantes ilegales que obtuvieron permiso de residencia en España posteriormente se marcharon del país. La mayoría de estas nacionalidades son francófonas y su destino habitual una vez documentadas suele ser Francia o Bélgica, donde ya cuentan con redes familiares o laborales. Se trata de movimientos secundarios dentro de la Unión Europea que están ampliamente documentados.
El mecanismo que permite esta situación es sencillo. El padrón municipal se depura de forma automática, es decir, si un extranjero sin residencia de larga duración no renueva su inscripción cada dos años, desaparece del recuento de población. En cambio, el registro de extranjería no se depura por ausencia. Una autorización de residencia sigue vigente hasta su fecha de caducidad aunque su titular lleve meses o años viviendo fuera de España. Nadie cruza los datos ni comprueba si la persona sigue residiendo realmente en el territorio nacional.
¿Qué ganan manteniendo esos papeles aunque ya no vivan en España?
Mantener una autorización de residencia española vigente, aunque la persona ya no resida en el país, otorga beneficios reales y prácticos. El principal es el derecho a regresar a España en cualquier momento y residir y trabajar legalmente sin necesidad de solicitar un nuevo visado. Mientras el permiso esté activo, la persona puede volver cuando lo desee y recuperar su estatus legal de forma inmediata.
Además, una residencia española válida permite viajar y permanecer hasta 90 días en cualquier período de 180 días en el resto de países del espacio Schengen sin necesidad de visado adicional. Esto convierte el papel español en un útil para moverse dentro de Europa, incluso si la residencia principal se encuentra en otro país comunitario.
Otro beneficio importante es que haber tenido residencia legal en España facilita enormemente cualquier trámite futuro si el inmigrante decide regresar. Renovaciones, reagrupaciones familiares o incluso solicitudes de nacionalidad resultan mucho más sencillas si ya se cuenta con un historial previo de residencia legal en territorio español. Por todo ello, para muchos inmigrantes que llegan por la ruta atlántica, conseguir un permiso de residencia en España, aunque sea temporal, representa un activo valioso. No se trata solo de regularizar su situación actual, sino de obtener una puerta de entrada al espacio europeo que pueden utilizar aunque posteriormente decidan instalarse en otro país de la Unión.
Este desfase entre los papeles concedidos y los inmigrantes que realmente residen en España tiene también consecuencias directas sobre el sistema de regularización por arraigo. La prueba principal que se exige para acreditar «permanencia continuada» sigue siendo el certificado de empadronamiento, un documento que ningún organismo contrasta de forma sistemática con el registro de extranjería. Mientras esto siga así, resulta muy difícil garantizar que quienes solicitan la regularización por arraigo cumplen realmente con el requisito de residencia efectiva en España.
