La Audiencia de Valencia ha decidido enviar a juicio a Francis Puig, hermano del expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, y a su socio Joan Enric Adell Bover, por presuntos delitos vinculados al cobro irregular de subvenciones públicas entre 2015 y 2018.
Los magistrados de la Sección Tercera han rechazado los recursos presentados por las defensas, que intentaban frenar la apertura de juicio oral. En el auto, adelantado por El Debate, la sala considera que no existe indefensión y avala la actuación del instructor, calificando la investigación de «muy minuciosa».
Según el tribunal, tanto Puig como Adell fueron plenamente conocedores de los hechos desde el inicio del procedimiento. Además, subraya que ambos declararon durante la instrucción sobre todas las actuaciones investigadas.
La causa gira en torno a las ayudas para el fomento del valenciano solicitadas a la Generalitat Valenciana y a la Generalitat de Cataluña. La resolución judicial sostiene que los investigados habrían actuado presuntamente «para incrementar ficticiamente los gastos con los que justificar unas subvenciones que no podrían haber cobrado o en importes inferiores», en el marco de un supuesto uso irregular de fondos públicos entre 2015 y 2018.
El auto recoge además graves irregularidades como «conceptos genéricos, precios que no se corresponden con trabajos realizados, facturas realmente pagadas en años anteriores a las solicitudes, inexistencias de contratos y servicios prestados sin su correspondiente justificación», lo que refuerza la tesis de la acusación sobre un posible fraude de subvenciones y un patrón de facturación irregular.
La Audiencia de Valencia insiste en que el juez instructor elaboró un auto de procesamiento «muy descriptivo y detallado», descartando así los intentos de las defensas de anular la causa o debilitar el procedimiento judicial ya consolidado.
El procedimiento se encamina ahora a la celebración del juicio oral, en el que Francis Puig y su socio se enfrentan a una petición de penas que supera los 10 años de prisión, según la acusación particular ejercida por el abogado Víctor Soriano, en un caso que podría tener un fuerte impacto político y mediático.
La investigación, centrada en la gestión de ayudas para la promoción del valenciano, apunta a un presunto sistema de facturación irregular que habría permitido justificar gastos inexistentes o inflados ante la administración pública, según la tesis de la acusación.
