La Audiencia Nacional ha abierto formalmente una investigación penal por la invasión de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, al apreciar indicios de una actuación delictiva cometida en el extranjero que habría supuesto un grave ataque contra la integridad territorial de España.

La magistrada María Tardón considera que los hechos pueden encajar en delitos contra la paz e independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes, además de un posible delito de organización criminal.

El auto supone un cambio sustancial en la investigación de lo ocurrido en Ceuta. La jueza no se limita a describir una situación de descontrol fronterizo, sino que asume como relevante la existencia de una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos. La magistrada recoge además los indicios ya incluidos en el informe de la Policía Nacional sobre la actuación de agentes marroquíes durante la entrada masiva.

«Guiado activo» de agentes marroquíes

Tardón destaca el «constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos» durante el asalto fronterizo. Según el auto, la actuación de los agentes marroquíes no habría consistido únicamente en una actitud pasiva o permisiva.

La jueza señala que existen imágenes e indicios de un «guiado activo» por parte de policías uniformados, que habrían dado instrucciones a las personas que se dirigían hacia la frontera española.

El documento judicial sostiene que los agentes marroquíes realizaban indicaciones para orientar a los inmigrantes, ayudarles a superar obstáculos y organizar el acceso hacia la zona que conduce a la playa de Fnideq, desde donde posteriormente se produjo parte de la entrada hacia Ceuta.

La magistrada asume así uno de los puntos más graves del informe policial: que hubo elementos de actuación organizada al otro lado de la frontera y que determinadas fuerzas de seguridad marroquíes pudieron facilitar materialmente el desplazamiento de los grupos hacia territorio español.

Posible ataque contra la integridad territorial

La Audiencia Nacional justifica su competencia al considerar que los hechos pueden afectar directamente a la seguridad interior del Estado y a la integridad territorial de España. La jueza se apoya en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sostener que la investigación afecta a delitos vinculados a la forma de Gobierno y a la seguridad del Estado.

Tardón afirma que las conductas investigadas «sin duda han atentado contra la forma de Gobierno», al haber supuesto, en sus propias palabras, un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España».

La entrada masiva de finales de julio dejó además alrededor de 140 muertos, según las cifras manejadas en el procedimiento, lo que explica que la investigación abarque también posibles delitos de homicidio imprudente.

Una posible estructura criminal compleja

El auto analiza también la existencia de una estructura organizada detrás de la movilización masiva de personas hacia Ceuta. La Policía Nacional había identificado diferentes niveles de actuación, desde quienes difundían mensajes y convocatorias en redes sociales hasta quienes organizaban los movimientos sobre el terreno.

La jueza considera que esa estructura puede encajar, al menos de manera indiciaria, en el delito de organización criminal previsto en el artículo 570 bis del Código Penal. El auto habla de una distribución funcional de tareas que incluiría promotores digitales, organizadores sobre el terreno y posibles responsables de una planificación estratégica superior.

Según la magistrada, la duración del fenómeno, la coordinación detectada y la capacidad de movilización observada justifican investigar la existencia de una «posible estructura criminal compleja». La investigación deberá ahora determinar quiénes participaron en cada nivel, qué grado de coordinación existió y si detrás de la entrada masiva hubo una planificación más amplia.

La Audiencia Nacional eleva la gravedad del caso

La decisión judicial supone un paso más allá respecto a las conclusiones policiales conocidas hasta ahora. La hipótesis de que agentes marroquíes facilitaron la entrada ya había sido planteada por la Policía Nacional, pero ahora la Audiencia Nacional considera que existen indicios suficientes para abrir una causa penal.

La magistrada no atribuye todavía responsabilidades penales concretas al Gobierno de Marruecos ni identifica a los eventuales responsables de la planificación estratégica. Sin embargo, el auto sí considera acreditada de forma indiciaria una actuación favorecedora desde territorio marroquí y abre la puerta a investigar hasta dónde llegó esa implicación.

La investigación deberá aclarar ahora si lo sucedido fue únicamente consecuencia de redes criminales y de una actuación permisiva de agentes sobre el terreno o si existió un nivel superior de coordinación destinado a provocar una entrada masiva contra la frontera española.