El sindicato Justicia Policial (JUPOL) ha presentado una demanda de Conflicto Colectivo por «vulneración de derechos fundamentales» contra el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Dirección General de la Policía. La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite la denuncia y ha fijado el próximo 12 de noviembre para que las partes comparezcan en sala.

La central sindical sostiene que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha incumplido de manera reiterada la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, norma que apenas se aplica en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pese a que la actividad policial conlleva riesgos muy específicos. Según JUPOL, Interior sigue sin ofrecer a los agentes las mismas medidas de protección de las que disfrutan otros trabajadores, lo que constituye una vulneración de la legislación nacional y de las directrices europeas en la materia.

Los representantes sindicales recuerdan además que el artículo 40 de la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de garantizar condiciones laborales dignas. Esto implica formación continua, readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo y un descanso suficiente. «Nada de esto se está cumpliendo», remarcan, denunciando que Interior ha bloqueado de manera sistemática cualquier mejora, ya sea en retribuciones, derechos laborales o medidas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

En palabras del sindicato: «Los policías nacionales no somos empleados de segunda categoría. Arriesgamos la vida cada día al servicio de la ciudadanía y exigimos que se respeten nuestros derechos. Por eso acudimos a los tribunales: porque ya no bastan las promesas, es necesaria la justicia».

Este nuevo pulso judicial se suma a otros episodios que han dejado en evidencia al ministro del Interior en relación con la prevención de riesgos laborales. En mayo, un ciudadano solicitó a través del Portal de Transparencia los informes elaborados por el Ministerio tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate y el atropello mortal de otro agente en acto de servicio.

La respuesta de Interior fue negarse a entregar la documentación alegando que estaba incorporada a diligencias judiciales y, por tanto, su difusión requería autorización. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desmontó este argumento, aclarando que la mera «judicialización» de unos hechos no constituye una causa legal suficiente para negar el acceso a documentos administrativos.

Desde JUPOL consideran que todos estos episodios reflejan una actitud de desdén y «pasotismo” por parte del Ministerio. A su juicio, los tribunales se han convertido en el único recurso de los policías frente a un Ejecutivo que, lejos de cumplir con lo estipulado en la ley, recurre al bloqueo y la inacción para evitar cualquier avance en las condiciones de trabajo de los agentes.