La Audiencia Nacional investiga a Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que continúa abierta más de cuatro años después de su inicio. El procedimiento permanece pendiente de que Estados Unidos y Venezuela respondan a dos comisiones rogatorias consideradas esenciales para esclarecer el posible delito previo que habría dado origen al supuesto blanqueo.

La investigación, avanzada por OkDiario, gira en torno al ingreso de 425.150 euros que recibió en 2013 la sociedad del cofundador de Podemos por un supuesto informe destinado a estudiar la implantación de una moneda común para los países de Iberoamérica. Los investigadores sostienen que ese trabajo nunca llegó a realizarse y analizan el origen y el recorrido de esos fondos.

Pese a que la Fiscalía respaldó la petición de archivo planteada por la defensa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó cerrar el procedimiento. Los magistrados consideraron que existen indicios suficientes para mantener viva la investigación y apreciaron una posible apariencia de ocultación del origen del dinero, que algunos informes policiales relacionan con operaciones de venta de petróleo venezolano en el mercado negro.

Monedero recurrió la continuidad de la causa en septiembre de 2022. En su escrito negó cualquier irregularidad en las operaciones examinadas y rechazó ser titular de las 93 cuentas bancarias que le atribuían los investigadores. Según su versión, únicamente dispone de dos cuentas personales y en el resto figuró exclusivamente como apoderado de Podemos.

El exdirigente también alegó que los hechos ya habían sido analizados previamente por un juzgado de Madrid que acordó el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Audiencia Nacional descartó ese argumento al recordar que el procedimiento aún se encuentra en fase de instrucción y que, en este momento procesal, no es necesario contar con una prueba definitiva para continuar investigando.

En el auto, los magistrados sostienen que los hechos presentan indicios compatibles con la posible comisión de delitos y subrayan que las diligencias practicadas no constituyen una investigación prospectiva, sino que parten de elementos concretos incorporados al procedimiento.

Entre esos elementos figuran diversos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que vinculan a Monedero con Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, responsable de la mercantil VIU Europa SL, y con Ramón Gordils Montes, entonces presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela y representante del país en el Banco del Alba.

La documentación policial señala que el Banco del Alba transfirió alrededor de 425.000 euros a Caja de Resistencia SL, la empresa de Monedero, por un supuesto estudio sobre la armonización financiera entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y por labores de asesoramiento relacionadas con ese proyecto hasta finales de 2014. Posteriormente, la sociedad del fundador de Podemos realizó un pago de 69.000 euros a VIU Europa SL.

La investigación también pone el foco sobre diversa documentación entregada por esta última empresa. Según la Policía, algunos de esos archivos presentan discrepancias entre la fecha real de creación de los documentos informáticos y la que aparece reflejada en su contenido, lo que ha llevado a los investigadores a cuestionar su autenticidad.

Además, el sumario incorpora manifestaciones atribuidas al exjefe de la inteligencia venezolana Hugo «El Pollo» Carvajal, así como la declaración de un testigo protegido. Este último aseguró que Monedero habría recibido dinero procedente de operaciones de venta ilegal de petróleo venezolano, canalizado mediante sociedades instrumentales y cuentas bancarias en el extranjero, incluyendo entidades situadas en Curazao y Suiza. El mismo testigo afirmó igualmente que el profesor universitario habría percibido fondos en España durante 2017 vinculados a ventas de crudo a Cuba.

Por su parte, Monedero siempre ha rechazado cualquier conducta ilícita y calificó de «absurdas» las sospechas de los investigadores. A su juicio, el hecho de que existieran pagos triangulados entre empresas responde únicamente a una operativa mercantil habitual cuando una sociedad dispone de liquidez suficiente para atender sus obligaciones.

Mientras tanto, Caja de Resistencia SL no ha depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2021, incumpliendo la obligación legal de presentar esa documentación.

El futuro de la causa dependerá ahora de la información que remitan las autoridades estadounidenses y venezolanas. Hasta que esas respuestas lleguen a la Audiencia Nacional, el procedimiento seguirá abierto y será la cooperación judicial internacional la que determine si la investigación avanza hacia un eventual juicio o termina archivándose.