La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en funcionamiento del dispositivo de acogida que el Gobierno prepara en el Puerto de Ceuta. La decisión permite al Ejecutivo continuar con la instalación en 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, aunque el propio auto no entra a determinar si las condiciones concretas de seguridad del recinto son suficientes.

El sindicato policial había solicitado que se suspendiera cualquier ocupación, ampliación o puesta en marcha del dispositivo de la Ampliación de Poniente hasta que quedara acreditado el cumplimiento de las exigencias de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera, sin embargo, que en el limitado ámbito de una medida cautelar de urgencia «no está justificada la adopción de la medida solicitada». El auto, contra el que no cabe recurso, no resuelve el fondo del contencioso planteado por el SUP.

El matiz resulta especialmente relevante. La Audiencia Nacional no concluye que las condiciones de seguridad denunciadas por los policías hayan quedado acreditadas, sino que considera que la resolución recurrida se limita a autorizar temporalmente la utilización del terreno y no determina todavía cómo deberán prestarse allí los servicios policiales ni las condiciones concretas de atención.

De hecho, los magistrados reconocen que los argumentos del SUP se centran precisamente en garantizar que la atención a los inmigrantes se desarrolle «en condiciones de seguridad verificadas y documentadas» y en proteger «la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional».

Interior tendrá que asumir las medidas de seguridad

La autorización impulsada por el Gobierno permite ocupar los terrenos de la ampliación de Poniente hasta el 31 de diciembre de 2026, sin excluir una posterior prórroga. Transportes la concedió después de una petición de la Secretaría de Estado de Migraciones para disponer del suelo portuario como alojamiento temporal durante la crisis de Ceuta.

El tribunal sostiene que concurren «razones de interés general» que permiten conceder esa autorización, pero incorpora una condición significativa: deberá hacerse «sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto».

Y traslada directamente al Ministerio del Interior la responsabilidad sobre esas garantías. La resolución señala que Transportes deberá reclamar a Interior «su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad». Serán, por tanto, las decisiones que adopte el departamento responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las que establezcan finalmente las condiciones de protección de los policías, los inmigrantes y el resto del personal destinado en las instalaciones.

El pronunciamiento llega apenas un día después de que la propia Audiencia Nacional ordenara frenar provisionalmente el proyecto mientras reclamaba al Ministerio de Transportes la resolución y el expediente administrativo que sustentaban la ocupación del puerto. La orden gubernamental no había sido publicada en el BOE, circunstancia que formaba parte de las objeciones planteadas por el SUP.

Una vez recibida la documentación, los magistrados han levantado ese freno provisional y han rechazado la suspensión urgente solicitada por los policías.

Un campamento en plena infraestructura portuaria

La instalación forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para afrontar la situación provocada en Ceuta tras la entrada irregular masiva de los días 30 y 31 de julio. El propio Gobierno declaró posteriormente la situación de interés para la Seguridad Nacional y reconoció en el BOE que la permanencia de un elevado número de inmigrantes en situación irregular había superado las capacidades ordinarias de acogida, asistencia y seguridad ciudadana de la ciudad.

El Ejecutivo decidió utilizar terrenos portuarios para concentrar parte de los dispositivos de acogida. La autorización de Transportes afecta a una superficie de aproximadamente 16.000 metros cuadrados en la ampliación de Poniente y se adoptó después de que la Autoridad Portuaria mostrara sus reparos a entregar el espacio en las condiciones planteadas inicialmente.

La decisión de este jueves, por tanto, desbloquea la utilización de los terrenos, pero no despeja las dudas técnicas planteadas sobre el funcionamiento efectivo del recinto. La Audiencia Nacional ha considerado que esas cuestiones no justifican paralizar de urgencia la autorización de ocupación. Su resolución deja ahora al Gobierno —y especialmente al Ministerio del Interior— la responsabilidad de implantar y acreditar las medidas que permitan garantizar la seguridad en una instalación situada dentro de una infraestructura portuaria esencial para Ceuta.