La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha exigido al Gobierno «el máximo respeto» hacia la magistrada María Tardón, instructora de la causa judicial abierta por la invasión de Ceuta.

El órgano de gobierno de la Audiencia Nacional ha cerrado filas con la juez después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiera una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que cuestionaba la decisión de Tardón de pedir reserva frente a sus superiores a los agentes de la Policía Nacional que participaron en la elaboración de un informe sobre los hechos.

La controversia se centra en la instrucción dada a los policías para que no compartieran con sus superiores jerárquicos las actuaciones que estaban desarrollando ni el contenido del documento hasta su entrega a la magistrada. El Gobierno tuvo acceso al informe una vez que fue presentado ante el juzgado.

En un acuerdo, la Sala de Gobierno sostiene que la magistrada «no ha interferido en la seguridad nacional» y defiende que su actuación responde a la preservación del interés general de España.

La posición de la Audiencia Nacional se produce después de que Marlaska trasladara al CGPJ su preocupación por la gestión de la información relacionada con una crisis que calificó de especial gravedad. El ministro defendió que debía garantizarse la independencia judicial, pero también que el Gobierno recibiera la información considerada relevante para adoptar las decisiones oportunas en materia de seguridad pública y nacional.

Frente a este planteamiento, la Sala de Gobierno señala que Tardón está actuando «dentro del marco del respeto escrupuloso» a sus funciones jurisdiccionales. Asimismo, agradece a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, su respuesta en defensa de la independencia judicial y de la magistrada.

Perelló recordó al ministro del Interior que el Consejo tiene constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir decisiones adoptadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones.

El acuerdo incide además en las facultades de los jueces respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando actúan como Policía Judicial. En estos casos, los agentes pueden recibir órdenes directamente del instructor y deben cumplirlas, incluso cuando afecten a cuestiones relacionadas con la reserva de las actuaciones.

El documento sostiene que la dimensión migratoria habría servido como cobertura formal de una operación con una finalidad diferente, según las conclusiones trasladadas por los investigadores a la magistrada.