La Audiencia Nacional ha dejado abierta la posibilidad a investigar al PSOE por presunta financiación ilegal, siempre y cuando se presenten nuevas pruebas. El juez Santiago Pedraz ha rechazado la querella presentada por el Partido Popular el pasado 14 de octubre, argumentando que la denuncia no contiene suficiente evidencia para proceder. Sin embargo, ha señalado que, de surgir elementos adicionales durante la instrucción, se podría actuar en consecuencia.
El origen de la querella se basa en una información publicada por The Objective, donde un socio del empresario Víctor de Aldama confesó haber entregado 90.000 euros en efectivo, en bolsas, en la sede del PSOE. A pesar de que esta acusación ha sido inadmitida, los expertos en derecho penal que han sido consultados afirman que la decisión de Pedraz no evalúa el fondo de la querella, sino su forma, y destacan que la información es susceptible de ser investigada si se refuerza con más pruebas.
A pesar de la inadmisión de la querella, las fuentes legales subrayan que, si se aportan pruebas adicionales, el caso podría reabrirse. Algunos penalistas, de hecho, critican la cautela de Pedraz y consideran que ya existen suficientes indicios para proceder con una investigación. El juez ha basado su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, además de señalar que los hechos descritos no coinciden con la investigación en curso sobre una trama de hidrocarburos.
En el auto de inadmisión, Pedraz también ha precisado que una querella basada únicamente en una noticia periodística relativa a una persona anónima no es suficiente para iniciar un proceso penal. Aunque el Tribunal Supremo reconoce que las denuncias anónimas pueden dar pie a una investigación, se requiere que estén respaldadas por datos corroborados o que sirvan como un elemento adicional para confirmar otros hechos.
La querella presentada por el PP no sólo estaba dirigida contra el PSOE, sino también contra Aldama, su socio Claudio Rivas y Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos. El PP los acusa de delitos como blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. El contexto de estos delitos estaría vinculado a una red dedicada al fraude en el pago de impuestos relacionados con hidrocarburos, por la que varias personas fueron detenidas a principios de octubre.
Por su parte, el PSOE ha reaccionado anunciando que presentará una contrademanda contra el PP por injurias y calumnias. Enma López, portavoz socialista, ha defendido que la decisión de Pedraz confirma que «no ha habido nada», como han venido sosteniendo los dirigentes del partido. Además, criticó al PP por intentar construir una acusación sin pruebas sólidas y basándose en recortes de prensa y testimonios anónimos.
Finalmente, varios expertos en derecho dudan de la viabilidad de la querella que el PSOE tiene previsto presentar, ya que el Código Penal no contempla la posibilidad de imputar a un partido político por delitos de injurias y calumnias.
