La cloaca del PSOE involucró al exministro y gobernador del Banco de España José Luis Escrivá y a Félix Bolaños, según las referencias recogidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en torno a las gestiones realizadas para favorecer a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, antiguo alto cargo del régimen venezolano de Hugo Chávez y colaborador de Leire Díez.
El nombre de Villalobos, avanzado por Libertad Digital, aparece como una de las piezas relevantes dentro de la investigación que instruye el juez Santiago Pedraz sobre la presunta red vinculada a Santos Cerdán y a la conocida como fontanera del PSOE. El magistrado levantó esta semana el secreto de sumario de las actuaciones, después de ordenar varios requerimientos de información y de autorizar registros tanto en la sede socialista de Ferraz como en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil.
Uno de los informes de la UCO sitúa a Villalobos en el centro de varias gestiones de interés para la trama. Los agentes recuerdan que ocupó el cargo de viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007 y que ha figurado en distintas investigaciones judiciales en España. Entre ellas destaca el denominado caso Columbus, vinculado al presunto uso de la sociedad Columbus One Properties para blanquear fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Esa causa fue investigada inicialmente por el juez Juan Carlos Peinado junto al fiscal Anticorrupción José Grinda, dos nombres que también aparecen señalados como objetivos de la presunta red. Según los investigadores, Villalobos no habría sido un mero colaborador externo, sino que habría facilitado información y promovido contactos útiles para las maniobras atribuidas a la cloaca socialista.
La UCO sostiene que el ex alto cargo chavista participó en la operación destinada a localizar a la mujer que denunció al fiscal Grinda, con el supuesto propósito de obtener información contra él y presionarle para que contribuyera al archivo de procedimientos relacionados con presuntas irregularidades del entorno de Pedro Sánchez.
A cambio de esa colaboración, la investigación apunta a que Leire Díez habría intermediado para que Villalobos recibiera un favor del Estado: avanzar en su expediente de nacionalidad española. Esa gestión aparece reflejada en comunicaciones intervenidas por los agentes y recogidas en el informe remitido al juez Pedraz.
La documentación señala que, coincidiendo en el tiempo con los movimientos relacionados con el fiscal Grinda, Villalobos envió a Díez un enlace de la sede electrónica del Ministerio de Justicia para consultar expedientes de nacionalidad por residencia. También le remitió una captura de pantalla correspondiente a su propia solicitud, identificada con el número R573261/2024.
En ese momento, el expediente aparecía todavía en fase de tramitación y pendiente de los informes oficiales preceptivos. Villalobos acompañó la imagen con un mensaje en el que advertía de que se había producido un cambio de estado y que, a su juicio, estaban ante un momento decisivo. Díez respondió que ya lo había enviado para que lo revisaran.
Es en ese contexto donde aparecen las referencias a Escrivá y a «Félix», que el texto vincula con Félix Bolaños. Las diligencias apuntan a que la trama habría tratado de activar contactos en distintas instancias del Estado para resolver problemas de Villalobos, tanto en relación con su nacionalidad como con su situación bancaria en España.
La mención a José Luis Escrivá resulta relevante por su condición de gobernador del Banco de España y por las gestiones que, según los investigadores, se habrían intentado mover en beneficio del exviceministro venezolano. La aparición de «Félix» añade una derivada política al caso, al situar bajo sospecha posibles contactos en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El juez Pedraz decidió levantar el secreto de las actuaciones después de que la UCO avanzara en el análisis de los dispositivos intervenidos y en la reconstrucción de la red de contactos de Díez. La investigación ha ido ampliando su radio de acción desde las maniobras contra jueces, fiscales y guardias civiles hasta posibles favores administrativos a personas que habrían colaborado con la trama.
