La Audiencia Nacional ha reactivado las gestiones para localizar a varios miembros de ETA huidos de la Justicia española y presuntamente instalados en Venezuela. El juez Francisco de Jorge ha remitido una comisión rogatoria a las autoridades venezolanas para que faciliten información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros 13 exmiembros de la banda terrorista, en una decisión que vincula directamente con el reciente cambio político producido en el país iberoamericano.

En el auto, el magistrado sostiene que la nueva situación política en Venezuela permite esperar una mayor colaboración de Caracas con la Justicia española. Hasta ahora, las autoridades venezolanas habían rechazado de forma reiterada diversas solicitudes de cooperación y extradición relacionadas con miembros de ETA refugiados en el país.

La petición judicial afecta, además de a De Juana Chaos, a Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría, entre otros nombres incluidos en la investigación. El juez reclama a las autoridades venezolanas «cuanta información posean» sobre todos ellos.

La actuación se enmarca en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK), una estructura que la Guardia Civil vincula al aparato político de ETA y que habría servido para coordinar, controlar y asistir a terroristas fugados establecidos en terceros países.

La investigación se apoya además en la documentación intervenida a la banda terrorista durante años en Francia. Se trata de más de 40.000 documentos y cientos de terabytes de información digital remitidos posteriormente a España, material con el que el magistrado pretende determinar el grado de implicación de los investigados dentro de la organización.

De forma paralela, De Jorge también ha solicitado colaboración a Estados Unidos. El juez ha librado una segunda comisión rogatoria para que Washington entregue toda la documentación e información que figure en el procedimiento seguido contra Hugo Armando Carvajal, conocido como «El Pollo» Carvajal, exjefe de la Inteligencia militar venezolana.

La Audiencia Nacional considera que la información acumulada por Carvajal podría resultar clave para esclarecer la situación de los etarras huidos de la Justicia española que habrían residido durante años bajo la protección del régimen chavista. El magistrado incluso plantea la posibilidad de tomar declaración al exmilitar venezolano como testigo dentro de la investigación.

La decisión llega después de meses de presión de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que reclamó a la Audiencia Nacional aprovechar el nuevo escenario político en Venezuela para reactivar las pesquisas sobre los terroristas refugiados en el país y avanzar en su eventual entrega a la Justicia española.