El régimen chavista ha actuado durante años como un refugio para antiguos miembros de ETA que escaparon de la Justicia española. La permisividad del país y la certeza de que no se producirían extradiciones convirtieron a Venezuela en uno de los destinos preferidos y más seguros para los terroristas. Allí permanecen, desde hace años, al menos nueve etarras huidos, protegidos por el régimen de Hugo Chávez y después por el de Nicolás Maduro.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifran en 30 los miembros de ETA prófugos de la Justicia en distintos países, la mayoría en Francia y Centroamérica. Venezuela destaca como el principal santuario, al acoger a casi el 30% de ellos, según datos facilitados a El Mundo. Esta realidad consolida al país caribeño como el mayor obstáculo para que estos terroristas rindan cuentas ante los tribunales españoles.
El caso más conocido es el del sanguinario etarra Ignacio de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos, aunque sólo cumplió 18. Hoy lleva una vida tranquila en el municipio venezolano de Chichiriviche, donde incluso regenta una licorería cerca de una de las playas más espectaculares del país. De Juana Chaos salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre que obligó a su ingreso hospitalario. Ya en libertad participó en un acto público y fue acusado de cooperar en un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Al no comparecer ante la Audiencia Nacional cuando fue requerido, huyó primero a Irlanda y después a Venezuela, donde permanece desde entonces y donde estrechó lazos con el Gobierno chavista. Su nombre continúa figurando en las listas de los terroristas más buscados por el Ministerio del Interior.
Junto a él, el régimen venezolano da cobijo a otros ocho etarras: Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, a quien el chavismo intentó conceder la nacionalidad en 2006; Arturo Cubillas, considerado el líder de los etarras huidos; José Luis Eziolaza Galán, alias «Diente Puto»; Ángel María Lizarbe Oses; Luis María Olalde Quintela; Luis Alfonso González Ote; José Martín San Sebastián; y José Miguel Uriz Zabaleta. Todos ellos permanecen protegidos por la negativa sistemática de Caracas a colaborar con la Justicia española.
El caso de Arturo Cubillas resulta especialmente significativo. Reclamado por la Justicia española como presunto nexo entre ETA y las FARC, llegó incluso a ocupar cargos en el Gobierno venezolano. Durante años se cursaron solicitudes de entrega sin éxito. El régimen chavista nunca accedió a extraditar a ningún reclamado, levantando una barrera política que garantizó la impunidad de los terroristas.
El anuncio de una supuesta «nueva Venezuela» abre, al menos sobre el papel, la posibilidad de que el estatus de estos huidos cambie y pierdan los privilegios de los que disfrutaron durante años. Sin embargo, la incertidumbre política que vive el país hace que estas cuestiones no figuren entre las prioridades inmediatas.
Desde las asociaciones de víctimas se reclama aprovechar este momento. «Venezuela acoge a la mayor parte de los etarras huidos desde hace muchos años. Han campado a sus anchas en ese país con total impunidad. Ahora se abre una oportunidad histórica para que ese paraíso de impunidad acabe. Todos ellos tienen deudas pendientes con la Justicia por crímenes de sangre». Así lo afirma a El Mundo Daniel Portero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo e hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en el año 2000.
El presidente de la AVT recuerda, además, que la campaña StopHuidos ha recopilado testimonios de vecinos de Venezuela que aportaron información relevante a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Un trabajo silencioso que refuerza una exigencia clara: que el refugio chavista para los etarras huidos llegue, de una vez, a su fin.
