155 TERCEROS GRADOS Y 62 LIBERTADES CONDICIONALES
La AVT contabiliza 247 beneficios penitenciarios concedidos a terroristas etarras desde la llegada de Sánchez a la Moncloa
La AVT contabiliza 247 beneficios penitenciarios concedidos a terroristas etarras desde la llegada de Sánchez a la Moncloa
Pedro Sánchez en su reunión con Bildu. Europa Press
Por LGI
19 de noviembre de 2026

Los presos de la organización terrorista ETA han recibido 247 medidas de flexibilización penitenciaria desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, según el último balance de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al que ha tenido acceso La Razón.

Entre las medidas contabilizadas por la asociación figuran 155 progresiones al tercer grado penitenciario, 62 libertades condicionales y una treintena de concesiones del régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Algunos reclusos se han beneficiado de estas medidas en más de una ocasión.

Entre los últimos casos registrados figura el de Asier Eceiza, condenado por su participación en el asesinato del concejal socialista Juan Priede en 2002. La Fiscalía ha recurrido la medida concedida al terrorista al cuestionar su compromiso con el arrepentimiento y el proceso de petición de perdón.

La política penitenciaria aplicada a los miembros de ETA experimentó un cambio significativo tras el traspaso de las competencias en materia de prisiones al Gobierno vasco en octubre de 2021. Posteriormente, en marzo de 2023, el Ejecutivo de Sánchez culminó el acercamiento de los presos de la organización terrorista a cárceles del País Vasco y puso fin a la política de dispersión.

Entre los terroristas que se han beneficiado de la flexibilización de sus condiciones penitenciarias figuran históricos dirigentes de la banda como Garikoitz Aspiazu, alias «Txeroki», y Soledad Iparragirre, alias «Anboto».

El pasado mes de septiembre, el Gobierno vasco también concedió el tercer grado a Henri Parot, condenado por el asesinato de 39 personas, entre ellas siete menores de edad. Entre sus crímenes figura el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, que segó la vida de once personas. La AVT lleva años denunciando que la evolución de la política penitenciaria no puede desvincularse de la dependencia parlamentaria del Gobierno de Sánchez respecto a EH Bildu.

Las víctimas del terrorismo consideran que las sucesivas progresiones de grado, los acercamientos y las concesiones de regímenes de semilibertad responden a una política encaminada al vaciamiento progresivo de las cárceles de etarras. La asociación insiste en reclamar que las autoridades tengan en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos y el daño causado a las víctimas.

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